España suaviza la regulación de los centros de datos para no frenar las inversiones en inteligencia artificial
El Gobierno español ha revisado el borrador de decreto que establecerá nuevas obligaciones para los centros de datos. La propuesta mantiene los objetivos energéticos, medioambientales y de ciberseguridad, pero eleva de 1 a 10 megavatios (MW) el umbral de potencia a partir del cual se aplicarán las principales exigencias.
El cambio responde a las advertencias de la industria tecnológica, que había alertado de que una regulación demasiado estricta podía restar atractivo a España como destino para las grandes inversiones en infraestructura digital e inteligencia artificial (IA).
España se ha convertido en uno de los mercados europeos con mayor potencial para alojar centros de datos. La disponibilidad de energía renovable, la existencia de amplias superficies de terreno y su posición estratégica para conectar Europa, África y América han impulsado numerosos proyectos.
El umbral de potencia se multiplica por diez
El borrador presentado a finales de agosto contemplaba aplicar la normativa a las instalaciones con una potencia superior a 1 MW. Tras el periodo de consulta y las críticas del sector, el Ejecutivo ha decidido elevar ese límite hasta los 10 MW.
El megavatio es una unidad que mide la potencia eléctrica. En el caso de un centro de datos, el umbral sirve para determinar el tamaño y el impacto energético de la instalación. Al aumentar el límite, muchos proyectos de menor escala quedarán fuera de las obligaciones más exigentes del decreto.
La modificación pretende facilitar la construcción de instalaciones destinadas a cargas de trabajo de IA. Estos sistemas necesitan grandes cantidades de servidores especializados, especialmente unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU, que permiten entrenar y ejecutar modelos capaces de generar texto, imágenes, audio o vídeo.
El cambio no supone eliminar los controles. Las normas seguirán afectando a los centros de datos con más de 10 MW de potencia que todavía no se hayan conectado a la red eléctrica. Los proyectos ya aprobados y que estén tramitando sus permisos de operación dispondrán de seis meses para adaptarse.
El 80% de la electricidad deberá ser renovable
La propuesta revisada mantiene uno de sus principales objetivos: los centros de datos deberán cubrir como mínimo el 80% de su consumo eléctrico con energías renovables durante cada hora de funcionamiento.
La exigencia no se limita a alcanzar una media anual. El requisito debe cumplirse hora a hora, un planteamiento más estricto que obliga a los operadores a demostrar que disponen de electricidad renovable también en los momentos en los que la producción solar o eólica sea más baja.
Para los proyectos que no puedan alcanzar inmediatamente ese porcentaje, el decreto contempla un periodo transitorio de hasta cinco años. Durante ese tiempo, los operadores podrán adaptar sus contratos de suministro, instalar nuevas fuentes de generación o recurrir a sistemas de almacenamiento energético.
El objetivo es reducir el impacto climático de unas instalaciones que funcionan de manera continua y que consumen grandes cantidades de electricidad. Los centros de datos son esenciales para servicios digitales, plataformas de IA y aplicaciones empresariales, pero también concentran una elevada demanda de recursos.
Más requisitos para los datos públicos y estratégicos
El borrador también incluye condiciones relacionadas con la soberanía digital y la seguridad. Los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea, mientras que los datos y metadatos que gestionen tendrán que permanecer dentro del territorio comunitario.
Los metadatos son los datos que describen otra información. Pueden incluir detalles como la fecha de creación de un archivo, su ubicación, el usuario que lo ha consultado o el dispositivo empleado. Aunque no siempre contienen el contenido principal, pueden revelar información relevante sobre una actividad o una organización.
Para cumplir con la norma, los centros de datos tendrán que habilitar mecanismos que permitan controlar y limitar el acceso desde terceros países. Las instalaciones que almacenen información procedente de organismos públicos o relacionada con la seguridad nacional estarán sometidas a controles adicionales.
Estas medidas buscan reducir la exposición a accesos no autorizados, interferencias externas y posibles transferencias de información fuera de la Unión Europea. También refuerzan la capacidad de las administraciones para supervisar dónde se almacenan y procesan los datos considerados sensibles.
El equilibrio entre sostenibilidad y competitividad
La revisión del decreto refleja la dificultad de regular una actividad estratégica sin desincentivar la inversión. Los centros de datos pueden generar empleo especializado, atraer a empresas tecnológicas y reforzar el ecosistema nacional de inteligencia artificial, pero su consumo de electricidad y agua plantea retos ambientales importantes.
El Gobierno pretende mantener los objetivos de eficiencia y sostenibilidad, aunque con un marco más flexible para los proyectos que todavía se encuentran en fase de planificación. La elevación del umbral de 1 a 10 MW es la principal concesión a la industria.
Si la regulación se aprueba en los términos planteados, los incumplimientos podrán derivar en sanciones. En los casos más graves, el operador podría llegar a ser desconectado de la red eléctrica, una medida que subraya la importancia de las obligaciones energéticas y de seguridad.
La decisión definitiva determinará hasta qué punto España puede consolidarse como uno de los grandes polos europeos para la infraestructura de IA. El reto será atraer nuevos proyectos sin trasladar a la red eléctrica, al agua y al territorio los costes de una expansión acelerada.
