La ONU alerta del uso creciente de la inteligencia artificial por grupos mercenarios
El avance de tecnologías como la inteligencia artificial está ampliando las capacidades de los grupos mercenarios y de otros actores armados privados. Expertos de Naciones Unidas han advertido este martes de que esta tendencia puede poner en riesgo los derechos humanos y dificultar la atribución de responsabilidades cuando se producen abusos.
La preocupación no se limita al uso de sistemas autónomos o de herramientas militares avanzadas. También incluye tecnologías de vigilancia, análisis masivo de datos, reconocimiento facial, operaciones cibernéticas y generación automatizada de contenidos. En manos de organizaciones que operan fuera de los controles estatales habituales, estas herramientas pueden multiplicar el impacto de sus actividades.
Más capacidad operativa y menos transparencia
La inteligencia artificial permite procesar grandes cantidades de información en poco tiempo, identificar patrones y seleccionar objetivos con una intervención humana cada vez menor. Para los expertos, esta evolución plantea dudas sobre quién toma realmente las decisiones y qué mecanismos existen para revisar o impugnar sus consecuencias.
El problema se agrava cuando las operaciones se desarrollan en zonas de conflicto, donde las instituciones son débiles o carecen de medios para investigar. La contratación de empresas militares y de seguridad privadas puede crear cadenas de mando complejas, con responsabilidades fragmentadas entre gobiernos, compañías, intermediarios y grupos armados.
En este contexto, el uso de algoritmos no elimina la responsabilidad humana. Sin embargo, puede hacer más difícil determinar quién diseñó un sistema, quién autorizó su utilización y quién debe responder por los daños provocados. Los expertos de Naciones Unidas reclaman que la tecnología no se convierta en un espacio de impunidad.
Riesgos para los derechos humanos
Entre los principales riesgos se encuentra la posibilidad de que sistemas automatizados contribuyan a decisiones erróneas o discriminatorias. Un algoritmo entrenado con datos incompletos puede identificar de forma incorrecta a personas, clasificar comunidades enteras como una amenaza o reforzar prejuicios existentes.
Las herramientas de vigilancia también pueden utilizarse para controlar a la población civil, perseguir a opositores o limitar la libertad de expresión. La recopilación indiscriminada de datos personales, especialmente en territorios ocupados o en zonas de guerra, puede afectar al derecho a la privacidad y aumentar la vulnerabilidad de millones de personas.
Otro frente de preocupación es la desinformación. La inteligencia artificial generativa permite producir imágenes, vídeos, audios y textos falsos con un nivel de realismo cada vez mayor. Los grupos mercenarios podrían emplear estos recursos para sembrar confusión, manipular a la población, desacreditar a organizaciones humanitarias o justificar nuevas operaciones.
La tecnología no puede sustituir al control legal
Los expertos consideran necesario reforzar las normas internacionales aplicables a las empresas militares y de seguridad privadas. La expansión de la inteligencia artificial exige, además, reglas específicas sobre el desarrollo, la adquisición y el uso de sistemas capaces de influir en decisiones relacionadas con la vida y la integridad de las personas.
La supervisión humana efectiva debe ser un requisito básico, especialmente cuando una herramienta interviene en la identificación de objetivos o en el empleo de la fuerza. No basta con que una persona valide formalmente una decisión automatizada: también debe contar con información suficiente, capacidad real para detener la operación y medios para revisar sus resultados.
- Establecer controles independientes sobre las empresas militares y de seguridad privadas.
- Garantizar la trazabilidad de las decisiones tomadas con ayuda de inteligencia artificial.
- Prohibir los usos que no permitan una supervisión humana significativa.
- Investigar los abusos y asegurar vías de reparación para las víctimas.
- Limitar la exportación de tecnologías que puedan facilitar violaciones de derechos humanos.
Una regulación internacional todavía insuficiente
La expansión de estas tecnologías avanza más rápido que la capacidad de muchos Estados para regularlas. Además, los grupos mercenarios pueden operar a través de varios países, contratar servicios tecnológicos en distintas jurisdicciones y utilizar infraestructuras digitales difíciles de rastrear.
Esta dimensión internacional obliga a mejorar la cooperación entre gobiernos, organismos multilaterales y empresas tecnológicas. La transparencia sobre los contratos, los proveedores y los sistemas empleados será fundamental para evitar que las nuevas herramientas se utilicen al margen de la ley.
La advertencia de Naciones Unidas llega en un momento de creciente preocupación por la automatización de la guerra y la privatización de funciones relacionadas con la seguridad. El desarrollo tecnológico puede aportar ventajas en ámbitos como la protección de civiles o la respuesta ante emergencias, pero sus beneficios no deben servir para ocultar los riesgos.
Para los expertos, el punto central es claro: ninguna innovación puede situarse por encima de los derechos humanos. Si la inteligencia artificial se incorpora a las actividades de grupos mercenarios sin controles estrictos, la tecnología puede aumentar la capacidad de causar daño y, al mismo tiempo, hacer más difícil encontrar a los responsables.
