La EPA plantea reducir la participación ciudadana en los permisos de nuevos centros de datos de IA
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA, ha propuesto eliminar el periodo de comentarios públicos para determinadas instalaciones industriales que soliciten permisos antes de su construcción. La medida podría afectar a componentes de numerosos centros de datos destinados a inteligencia artificial y llega en plena escalada de la oposición vecinal a este tipo de infraestructuras.
La propuesta se integra en la estrategia de la Administración Trump para acelerar el despliegue de capacidad informática en Estados Unidos. Sus críticos consideran que la reforma no resuelve el rechazo social a los centros de datos, sino que reduce los canales administrativos mediante los que ciudadanos, organizaciones y comunidades pueden intervenir en su aprobación.
Menos controles antes de iniciar las obras
La Ley de Aire Limpio estadounidense establece un procedimiento conocido como New Source Review o NSR. Este sistema obliga a determinadas instalaciones industriales nuevas o ampliadas a obtener permisos ambientales antes de comenzar su actividad.
El proceso analiza, entre otros aspectos, las emisiones contaminantes previstas y las medidas necesarias para limitarlas. También contempla un periodo de participación pública, durante el cual los residentes y las organizaciones pueden presentar objeciones, solicitar información o pedir cambios en las condiciones del permiso.
En julio de 2026, la EPA planteó suprimir ese requisito para ciertas instalaciones, incluidos algunos componentes que no generan emisiones directamente dentro de los centros de datos. La agencia ya había aprobado en septiembre de 2025 otra modificación que permitía iniciar determinados trabajos, como cimentaciones de hormigón, cableado o instalaciones de fontanería, antes de contar con el permiso ambiental completo.
Para los grupos ecologistas, ambas decisiones forman parte de una misma tendencia: facilitar que los proyectos avancen mientras se retrasa o se limita la revisión pública. La eliminación del periodo de comentarios no impediría necesariamente todas las impugnaciones, pero sí reduciría la capacidad de las comunidades para intervenir antes de que las obras estén en marcha.
Una reacción política al crecimiento de la IA
La Administración Trump ha situado la construcción de centros de datos y de nuevas fuentes de energía entre sus prioridades económicas y tecnológicas. El objetivo es aumentar rápidamente la capacidad de cálculo necesaria para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, en una carrera estratégica que Washington vincula también a la competencia con China.
Los centros de datos son instalaciones que concentran servidores, sistemas de almacenamiento y redes de comunicaciones. En el caso de la IA, su tamaño puede ser especialmente elevado porque el entrenamiento de modelos avanzados requiere miles de chips funcionando de forma simultánea durante largos periodos.
Ese crecimiento tiene consecuencias locales. Los equipos consumen grandes cantidades de electricidad y necesitan sistemas de refrigeración que, en muchos casos, utilizan agua. Además, pueden presionar las redes eléctricas, aumentar los costes de conexión, generar ruido y tráfico y ocupar grandes extensiones de terreno.
La promesa de empleo también se ha convertido en un punto de conflicto. Aunque la construcción puede crear puestos de trabajo temporales, el funcionamiento ordinario de un centro de datos está muy automatizado y suele requerir menos personal que otras instalaciones industriales de dimensiones similares.
La oposición ciudadana gana peso
El rechazo a estos proyectos ha dejado de ser un fenómeno limitado a determinados municipios. Durante las primeras seis semanas de 2026 se presentaron más de 300 proyectos de ley estatales relacionados con centros de datos. En 14 estados, legisladores de ambos partidos plantearon moratorias o restricciones a nuevas instalaciones.
Maine llegó a estar a un voto de convertirse en el primer estado del país en prohibir legalmente la construcción de nuevos centros de datos. El dato refleja hasta qué punto la cuestión ha entrado en la agenda política nacional.
Una encuesta publicada en julio por Emerson College situó en el 63% el porcentaje de estadounidenses que se opone a la construcción de centros de datos en su comunidad. Las principales razones son económicas y medioambientales, más que una oposición general a la inteligencia artificial.
La preocupación se centra en quién asume los costes. Los vecinos temen que las inversiones necesarias para ampliar la red eléctrica terminen repercutiendo en las tarifas, mientras que las administraciones locales deben gestionar el consumo de agua, el impacto acústico y la presión sobre las infraestructuras existentes.
El caso de las turbinas de xAI
El conflicto judicial que enfrenta a organizaciones como la NAACP, el Southern Environmental Law Center y Earthjustice con xAI ilustra uno de los riesgos señalados por los grupos críticos. En abril de 2026 presentaron una demanda contra la empresa de Elon Musk y su filial MZX Tech por operar 57 turbinas portátiles de gas metano sin el permiso correspondiente para alimentar el superordenador Colossus, en Memphis.
El caso se apoya en una figura de la Ley de Aire Limpio que permite a particulares y organizaciones emprender acciones judiciales cuando consideran que se está incumpliendo la normativa. Para los demandantes, la situación demuestra la importancia de mantener controles previos sobre las instalaciones que suministran energía a los sistemas de IA.
La Administración sostiene que Estados Unidos debe eliminar obstáculos para construir con rapidez. Sin embargo, la oposición local plantea que la velocidad no puede sustituir a la supervisión ambiental ni a la participación democrática. La diferencia entre ambos enfoques se ha hecho especialmente visible tras las declaraciones presidenciales que describían a las comunidades como deseosas de acoger nuevos centros de datos, frente a los resultados de las encuestas nacionales.
Qué opciones quedarían para las comunidades
Si la EPA aprueba definitivamente la reforma, los ciudadanos dispondrían de menos oportunidades para presentar alegaciones durante la tramitación federal. Aun así, seguirían existiendo varias vías de presión y control:
- Presentar demandas ciudadanas por posibles incumplimientos de la Ley de Aire Limpio.
- Impulsar leyes estatales con moratorias, límites de consumo de agua o requisitos energéticos.
- Recurrir a los organismos locales de urbanismo y planificación cuando el proyecto necesite permisos de uso del suelo.
- Exigir condiciones específicas sobre ruido, emisiones, agua y financiación de las nuevas conexiones eléctricas.
El debate enfrenta dos necesidades que no tienen por qué ser incompatibles: desplegar infraestructura para competir en inteligencia artificial y garantizar que esa expansión cuente con controles ambientales y respaldo social. La propuesta de la EPA prioriza la primera, pero puede intensificar la segunda crisis si las comunidades perciben que las decisiones se toman sin ellas.
