La patronal de los centros de datos ve una prohibición de facto en la nueva regulación del Gobierno
La entrada en vigor del Real Decreto 1032/2026 ha abierto un enfrentamiento entre el Gobierno y la industria de los centros de datos. La norma, aprobada el pasado 20 de noviembre tras una tramitación de urgencia y más de 600 alegaciones, establece nuevos requisitos de sostenibilidad y soberanía digital para las instalaciones con una potencia igual o superior a 10 megavatios (MW).
Spain DC, la asociación que representa al sector, ha anunciado que recurrirá el decreto y solicitará medidas cautelares para suspender su aplicación mientras se resuelve el procedimiento judicial. Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, considera que las exigencias hacen inviable buena parte de los nuevos proyectos y suponen, en la práctica, una prohibición de facto para construir centros de datos en España.
El requisito que concentra las críticas: electricidad renovable hora a hora
El punto más conflictivo es la obligación de que estas instalaciones cubran al menos el 80 % de su consumo con nueva generación renovable. Además, deberán demostrar que, cada hora, el 80 % de la electricidad utilizada procede de fuentes renovables producidas en ese mismo periodo.
Esta condición se conoce como correlación horaria. No basta con compensar el consumo anual comprando electricidad verde o contratando garantías de origen: el centro debe acreditar que dispone de energía renovable durante las mismas horas en las que consume electricidad.
La exigencia plantea dificultades para unas instalaciones que funcionan de forma continua, durante las 24 horas del día. La producción solar desaparece por la noche y la eólica puede variar considerablemente según las condiciones meteorológicas. Villacís ha resumido la posición de la patronal con una frase: se está pidiendo adaptar la inteligencia artificial a la meteorología.
Baterías, renovables y plazos de conexión
Las baterías podrían ayudar a cubrir los periodos sin producción renovable, pero la tecnología disponible todavía limita su autonomía. Los sistemas más avanzados ofrecen, de forma aproximada, unas cuatro horas de almacenamiento a gran escala, muy lejos de las necesidades de una infraestructura que no puede interrumpir su actividad.
Para cubrir ese desfase sería necesario instalar más parques solares y eólicos, además de ampliar la capacidad de almacenamiento. El sector advierte de que los permisos administrativos, la conexión a la red y la construcción de nuevas instalaciones pueden prolongarse durante años, lo que dificultaría cumplir los requisitos desde el primer momento.
El decreto también exige que los centros alcancen la clase A en eficiencia energética e hídrica. Esta clasificación identifica a las instalaciones con un rendimiento especialmente alto en el uso de la electricidad y del agua, dos recursos esenciales para refrigerar los servidores y mantenerlos operativos.
La alternativa: desconexiones automáticas durante cinco años
Las empresas que no puedan cumplir inicialmente con la correlación horaria podrán acogerse al Sistema de Reducción Automática de Potencia, conocido como SRAP. Esta vía les concede un periodo de adaptación de cinco años, pero permite que Red Eléctrica reduzca o interrumpa su suministro cuando lo exijan las necesidades generales del sistema.
La patronal teme que los centros de datos queden entre los primeros afectados en situaciones de tensión de la red. Para una instalación que presta servicios de computación en la nube o entrena modelos de inteligencia artificial, una desconexión puede provocar interrupciones, pérdida de capacidad y penalizaciones contractuales.
Una infraestructura clave para la nube y la inteligencia artificial
Los centros de datos son la infraestructura física que sostiene servicios digitales como el almacenamiento en la nube, las plataformas de vídeo, las aplicaciones empresariales y los sistemas de inteligencia artificial. En ellos se concentran miles de servidores que procesan y guardan información de forma permanente.
El crecimiento de la inteligencia artificial está elevando de manera notable la demanda eléctrica. La Agencia Internacional de la Energía calcula que el consumo mundial de los centros de datos podría duplicarse hasta 2030 y alcanzar los 945 teravatios hora (TWh), cerca del 3 % de la demanda eléctrica global.
En España, estas instalaciones representaron alrededor del 0,8 % del consumo eléctrico en 2025. El Gobierno prevé que su demanda pueda situarse entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) en 2030. Un gigavatio equivale a 1.000 megavatios y sirve para medir la potencia instantánea que puede requerir una instalación o un conjunto de ellas.
El Gobierno teme el impacto en la factura; el sector, la pérdida de inversiones
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que la regulación pretende evitar que la expansión de los centros de datos encarezca el sistema eléctrico. Según sus cálculos, un crecimiento sin límites podría generar un sobrecoste de hasta 5.000 millones de euros al año y elevar un 25 % las facturas de los consumidores industriales.
Spain DC ofrece una estimación muy diferente sobre las consecuencias del decreto. La asociación calcula que hay 66.900 millones de euros de inversión en riesgo hasta 2030 y asegura que tres inversores ya han retirado proyectos valorados en 9.000 millones tras la aprobación de la norma.
La patronal sostiene que la combinación de requisitos sitúa a España en una posición menos competitiva frente a otros países europeos. También alerta de que las empresas podrían trasladar sus nuevos proyectos a mercados con mayor disponibilidad eléctrica o con reglas más flexibles para la conexión a la red.
El recurso judicial marca el siguiente capítulo
El Real Decreto 1032/2026 entra en vigor este 22 de noviembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Spain DC ya ha presentado su recurso y pide la suspensión cautelar de la norma mientras los tribunales analizan su contenido.
La regulación llega además en la recta final de las elecciones generales. El Partido Popular ha anunciado que derogará el decreto si alcanza el Gobierno. Hasta que se pronuncien los tribunales o cambie la mayoría política, España afronta una disputa que enfrenta dos prioridades: proteger la red eléctrica y atraer la inversión necesaria para desarrollar la nube y la inteligencia artificial.
