El TSJ de Canarias multa a un abogado por citar 48 sentencias falsas sugeridas por una IA
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha sancionado con 450 euros a un abogado que incluyó en un recurso de apelación hasta 48 sentencias inexistentes del Tribunal Supremo y un supuesto informe del Consejo General del Poder Judicial. El letrado atribuyó las referencias a ChatGPT, aunque no comprobó después si las resoluciones y los datos citados eran reales.
El caso se originó tras el recurso presentado ante la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El escrito incorporaba números de sentencia, fechas e identificadores que no se correspondían con resoluciones localizables en las bases oficiales de jurisprudencia.
La sanción, de carácter económico y relativamente simbólico, funciona también como una advertencia a la profesión: una herramienta de inteligencia artificial puede ayudar a preparar un documento jurídico, pero no sustituye la revisión del abogado ni su responsabilidad sobre el contenido final.
La jurisprudencia inventada no es un error menor
Las referencias jurídicas tienen un peso central en cualquier recurso. Una sentencia inexistente no solo debilita los argumentos de quien la cita, sino que puede comprometer la credibilidad de todo el escrito y perjudicar a la persona representada.
En este caso, el abogado no contrastó la información con el Centro de Documentación Judicial, conocido como Cendoj. Esta plataforma ofrece acceso público a buena parte de la jurisprudencia española y permite comprobar los números, las fechas, los órganos judiciales y el contenido de las resoluciones.
El problema se debe a las llamadas alucinaciones de la IA. El término describe la generación de respuestas que parecen coherentes y convincentes, pero contienen datos inventados o incorrectos. Los modelos de lenguaje no consultan necesariamente una base jurídica en tiempo real: predicen qué palabras deberían aparecer a continuación a partir de grandes cantidades de textos.
Por eso pueden construir una cita con apariencia profesional, combinando un número de sentencia plausible, una fecha verosímil y un supuesto razonamiento judicial que nunca existió.
Un riesgo documentado dentro y fuera de España
El episodio de Canarias no es aislado. En 2023, un abogado de Nueva York fue sancionado después de presentar resoluciones judiciales falsas generadas por ChatGPT. En Estados Unidos también se han producido apartamientos de profesionales y condenas al pago de costas tras detectar citas inventadas en distintos procedimientos.
En España, el Tribunal Constitucional ya ha reprochado a abogados la inclusión de pasajes atribuidos a sentencias que no existían. Además, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia impuso en julio de 2026 una multa de 1.800 euros por 24 referencias inventadas o manipuladas en un recurso laboral.
La línea que están marcando los tribunales es clara: utilizar IA no exime del control humano. El profesional que firma un escrito debe revisar cada afirmación, especialmente cuando afecta a normas, resoluciones judiciales, informes oficiales o datos procesales.
Ni las herramientas jurídicas de pago son infalibles
La posibilidad de cometer errores no se limita a ChatGPT ni a los servicios generalistas. Un estudio de Stanford RegLab que analizó alrededor de 800.000 preguntas jurídicas verificables detectó tasas elevadas de respuestas incorrectas al solicitar información concreta sobre casos reales.
En la investigación, GPT-4 presentó alucinaciones en aproximadamente el 58% de las consultas y Llama 2 llegó al 88%. En una auditoría posterior, herramientas jurídicas de pago como Lexis+ AI y Westlaw AI-Assisted Research también ofrecieron referencias erróneas en una parte significativa de las pruebas.
Estos sistemas incorporan buscadores, bases documentales y mecanismos para recuperar información relevante. Sin embargo, sus resultados siguen dependiendo de la calidad de las fuentes, de la formulación de la pregunta y de la capacidad del modelo para distinguir entre un documento auténtico y una respuesta estadísticamente probable.
La mejora de los modelos no elimina el problema
Las versiones más recientes de los modelos de inteligencia artificial han mejorado en tareas como resumir documentos, seguir instrucciones y reconocer contradicciones. Algunas mediciones de fidelidad sitúan a los sistemas actuales por delante de generaciones anteriores cuando trabajan sobre textos proporcionados por el usuario.
Pero resumir un documento disponible no es lo mismo que localizar una sentencia concreta. La generación de jurisprudencia continúa siendo uno de los ámbitos más delicados, porque el modelo puede rellenar los huecos con información inventada si no tiene acceso a una fuente verificable.
La diferencia resulta fundamental: una IA puede ser útil para ordenar argumentos, detectar repeticiones o proponer un primer borrador, pero no debería crear referencias legales sin una comprobación posterior en fuentes oficiales.
El sesgo de automatización llega a los despachos
La confianza excesiva en las respuestas automáticas se conoce como sesgo de automatización. Consiste en aceptar como más fiables las conclusiones de una máquina por el mero hecho de estar redactadas con rapidez, seguridad y apariencia técnica.
Este fenómeno no afecta únicamente a la abogacía. Estudios realizados en otros ámbitos han mostrado que muchas personas valoran las respuestas de una IA como más completas incluso cuando contienen errores. La fluidez del lenguaje puede ocultar la falta de pruebas y reducir la disposición a comprobar los datos.
En los despachos, el riesgo aumenta cuando los profesionales con más responsabilidad delegan la elaboración de documentos en herramientas que manejan empleados con menos experiencia, pero después firman el resultado sin revisarlo a fondo.
El caso del TSJ de Canarias deja una conclusión práctica: la inteligencia artificial puede ahorrar tiempo, pero no puede asumir la responsabilidad procesal. Antes de presentar un recurso, cada sentencia debe localizarse, leerse y verificarse en una fuente fiable. La supervisión humana no es un trámite adicional; es la última barrera frente a una cita que nunca existió.
