El Gobierno de Sánchez incumple la normativa de la UE al no informar a Bruselas sobre la regularización masiva
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Puntos clave
- La Comisión Europea no ha recibido la notificación formal del decreto español para regularizar a migrantes en situación irregular.
- La normativa comunitaria obliga a comunicar medidas de inmigración con posible impacto en otros Estados miembros.
- Bruselas recuerda que una regularización nacional puede tener efectos en el espacio Schengen y en la cooperación migratoria.
- El debate en la Eurocámara reunió críticas de varios países europeos contra la iniciativa española.
Tabla de contenidos
Contexto de la regularización y la obligación de informar
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha trasladado aún a la Comisión Europea los detalles del decreto con el que prevé
regularizar de forma masiva a migrantes en situación irregular, pese a que la normativa de la Unión Europea exige
comunicar este tipo de medidas cuando pueden afectar al conjunto de la Unión.
La obligación de informar no es reciente. Fue introducida por la UE en 2006, después de las críticas que generó en
varios socios europeos la regularización masiva aprobada en España durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde entonces existe un mecanismo de alerta temprana para que los Estados miembros y la Comisión conozcan cualquier iniciativa en
materia de asilo e inmigración con posible repercusión más allá de las fronteras nacionales.
La norma europea exige que las medidas sean comunicadas “lo antes posible” y, como máximo, cuando ya hayan sido hechas públicas.
Además, la legislación comunitaria precisa que los Estados deben remitir a Bruselas y al resto de países la información sobre medidas
que vayan a adoptar, o que ya hayan sido adoptadas, siempre que sean públicas y puedan tener un impacto relevante en varios Estados
miembros o en toda la UE.
La falta de notificación a Bruselas
Pese a esa obligación, el decreto español fue aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado
27 de enero y llegó incluso al Pleno del Parlamento Europeo el 10 de febrero, a petición del Partido
Popular, sin que la Comisión haya recibido todavía la notificación oficial completa.
Así lo ha confirmado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en una respuesta escrita a una pregunta
parlamentaria del PP a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Brunner sostiene que el Ejecutivo comunitario no dispone de una comunicación formal por parte de España sobre el proyecto para
regularizar a nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular y que fue anunciado el 27 de enero de 2026.
Esa ausencia de información deja en evidencia un posible incumplimiento de las obligaciones de notificación
establecidas por la legislación europea.
Ni la Comisión Europea ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han aclarado por ahora por qué no se ha enviado
esa documentación a Bruselas. Tampoco han explicado si el Gobierno tiene previsto remitirla más adelante, una vez avance la tramitación
del decreto.
El impacto en la UE y el espacio Schengen
El fondo de la cuestión no es solo formal. Bruselas recuerda que una regularización nacional de este tipo tiene consecuencias dentro
del espacio Schengen y afecta a otros socios europeos.
Según el comisario austriaco, los beneficiarios de esos permisos de residencia no adquieren derecho a moverse libremente por la UE,
sino únicamente a residir y trabajar en el Estado que ha expedido el documento.
Brunner insiste en que, si una persona con permiso de residencia nacional aparece en situación irregular en otro país de la Unión, o si
pide asilo allí, debe ser devuelta al Estado miembro que le concedió la autorización. Además, añade que las autoridades nacionales
tienen que actuar con cooperación leal para que ese retorno se produzca con rapidez.
Bruselas subraya que España seguirá siendo responsable de los inmigrantes regularizados que intenten trasladarse a otro Estado miembro.
En este contexto, la Comisión mantiene que el Gobierno español debe garantizar que la regularización no provoque consecuencias negativas
en otros puntos de la Unión y que sus efectos queden limitados al ámbito nacional.
Las críticas políticas en la Eurocámara
La controversia también se ha trasladado al terreno político. Durante el debate celebrado en la Eurocámara el 10 de febrero,
eurodiputados de formaciones de gobierno de Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suecia, Portugal y Hungría cuestionaron
con dureza la iniciativa española.
Los representantes críticos consideraron que la medida debilita el esfuerzo conjunto para reforzar las fronteras y combatir la inmigración
irregular. También la describieron como una decisión unilateral que, a su juicio, ignora la seguridad de los ciudadanos europeos y podría
aumentar el riesgo para el conjunto de la UE.
- Algunos eurodiputados alertaron de posibles movimientos secundarios dentro del espacio Schengen.
- Otros consideraron que la medida puede enviar una señal de permisividad.
- También se habló de un posible efecto llamada hacia la Unión Europea.
En ese debate, los eurodiputados contrarios a la medida llegaron a sostener que la iniciativa no responde a criterios de solidaridad,
sino a una estrategia política para mantener el poder.
El comisario Brunner, que en un primer momento se mostró prudente y llegó a escudarse en la falta de competencias directas, endureció
después su postura. Recalcó que, como norma general, las personas en situación irregular deben abandonar la UE y que, sin una aplicación
estricta de esta regla, la credibilidad de las políticas migratorias comunitarias queda comprometida.
Conclusión
La situación sitúa al Gobierno español bajo presión por dos frentes: el procedimental, por no haber comunicado aún la medida
a Bruselas, y el político, por el rechazo que ha despertado la iniciativa en varios países de la UE.
Mientras el Ejecutivo quiere sacar adelante la regularización antes de que termine abril, la ausencia de comunicación oficial a la Comisión
Europea deja abierta la duda sobre si se ha respetado la normativa comunitaria y sobre qué reacción podría adoptar Bruselas si se confirma
una infracción.
Preguntas frecuentes
¿Está obligada España a informar a la Comisión Europea?
Sí. La normativa de la UE prevé que los Estados miembros comuniquen medidas de asilo e inmigración que puedan afectar a otros países o al
conjunto de la Unión, especialmente cuando ya han sido hechas públicas.
¿Por qué preocupa una regularización nacional dentro de la UE?
Porque puede tener efectos en el espacio Schengen, en la cooperación entre Estados miembros y en la gestión de personas regularizadas que
se trasladen a otro país de la Unión.
¿Los regularizados podrán circular libremente por la UE?
No. Según Bruselas, el permiso de residencia nacional les autoriza a residir y trabajar en el Estado que lo expide, pero no les concede
libertad de circulación plena por la UE.
¿Qué han dicho las instituciones europeas sobre el caso?
La Comisión ha confirmado que no ha recibido una notificación formal completa y ha recordado que estas medidas deben comunicarse a tiempo
y con transparencia.
¿Qué ocurre si una persona regularizada aparece en otro país de la UE?
Bruselas sostiene que debe ser devuelta al Estado miembro que le concedió la autorización, y que las autoridades deben cooperar para que el
retorno sea rápido.
Fuente original: El Español
