La UE alerta de riesgos infecciosos asociados a la movilidad, mientras Sanidad rechaza vincularlos con la inmigración
Documentos oficiales de la Unión Europea señalan que determinados movimientos migratorios pueden implicar un mayor riesgo de exposición a enfermedades infecciosas en contextos concretos. La referencia ha abierto una disputa política en España después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, calificara de xenófobo el enfoque que relaciona de forma directa inmigración y contagios.
El debate enfrenta dos interpretaciones. Por un lado, las instituciones comunitarias estudian los posibles efectos sanitarios de los desplazamientos internacionales y recomiendan reforzar la vigilancia epidemiológica. Por otro, el Ministerio de Sanidad advierte de que presentar a las personas migrantes como una amenaza para la salud pública puede alimentar el estigma y simplificar una realidad mucho más compleja.
Qué dicen los documentos europeos sobre las enfermedades infecciosas
La evaluación del riesgo sanitario en las fronteras europeas incluye factores como el origen geográfico, las condiciones del viaje, la situación de los sistemas sanitarios de los países de procedencia y el acceso posterior a la atención médica. En ese marco, la llegada de personas procedentes de zonas con una circulación diferente de determinados patógenos puede requerir medidas específicas de prevención y seguimiento.
La referencia a un riesgo mayor no significa que toda persona migrante esté enferma ni que la inmigración provoque por sí misma brotes. Se trata de una valoración epidemiológica que contempla grupos, circunstancias y enfermedades concretas. La mayoría de las personas que llegan a Europa no padece patologías transmisibles y, cuando existe un problema de salud, la detección temprana y el tratamiento reducen de forma significativa el riesgo de transmisión.
Los organismos sanitarios europeos suelen recomendar reforzar la vacunación, facilitar el acceso a la atención primaria y mejorar la coordinación entre países. También plantean adaptar la información sanitaria a los idiomas y circunstancias de las personas recién llegadas, especialmente cuando han atravesado trayectos largos o situaciones de vulnerabilidad.
La respuesta de Mónica García
La ministra de Sanidad ha rechazado que se utilicen los informes europeos para establecer una relación general entre inmigración y enfermedades. A su juicio, ese planteamiento desplaza el foco desde los factores reales que determinan la salud y contribuye a señalar a un colectivo por su procedencia.
La posición del Ministerio parte de una premisa respaldada por la salud pública: las enfermedades infecciosas no entienden de nacionalidades. Las condiciones de vivienda, el acceso a la asistencia sanitaria, la cobertura vacunal, la pobreza, el hacinamiento y la situación administrativa influyen más en la transmisión que el origen de una persona.
Desde esta perspectiva, las políticas eficaces no deben centrarse en excluir o criminalizar a quienes llegan, sino en garantizar una atención sanitaria temprana y universal. La detección de tuberculosis, hepatitis, VIH, enfermedades tropicales desatendidas u otras infecciones debe realizarse con criterios clínicos y epidemiológicos, no mediante prejuicios.
Un debate que exige precisión
La discusión pública se ha intensificado por el uso de expresiones que, fuera de su contexto técnico, pueden interpretarse como una acusación colectiva. En epidemiología, hablar de un riesgo relativo no equivale a afirmar que exista una amenaza generalizada. El riesgo depende de la enfermedad analizada, del lugar de procedencia, del tiempo transcurrido desde la exposición y de las condiciones en las que se produce la llegada.
Los expertos insisten además en que la movilidad internacional también puede dificultar el acceso de las personas migrantes a los servicios de salud. El miedo a ser identificadas, las barreras lingüísticas, la falta de documentación o el desconocimiento del sistema pueden retrasar la consulta y favorecer diagnósticos tardíos.
Prevención sin estigmatización
La respuesta sanitaria recomendada combina vigilancia y derechos. Entre las medidas más eficaces se encuentran:
- Garantizar revisiones médicas cuando estén indicadas y con criterios basados en la evidencia.
- Actualizar las vacunas y facilitar el acceso a la atención primaria.
- Detectar y tratar de forma precoz las enfermedades transmisibles.
- Mejorar la información sanitaria en distintos idiomas y formatos.
- Evitar mensajes que atribuyan una amenaza sanitaria a un colectivo entero.
- Coordinar la vigilancia epidemiológica entre las comunidades autónomas y los países europeos.
La controversia evidencia la necesidad de comunicar los riesgos con rigor. Europa puede identificar escenarios que requieren vigilancia sin convertir la inmigración en sinónimo de enfermedad. Del mismo modo, las autoridades españolas pueden combatir la xenofobia sin negar que determinados movimientos de población planteen retos sanitarios que deben abordarse con recursos, prevención y datos.
El punto de consenso entre ambas posiciones debería ser la protección de la salud pública. Para lograrla, los especialistas consideran más útil reforzar los sistemas sanitarios, garantizar el acceso a la prevención y ofrecer información clara que alimentar una confrontación basada en generalizaciones.
