España prepara una regulación más exigente para los centros de datos de inteligencia artificial
El Gobierno español prepara nuevas normas para controlar el impacto energético, hídrico y tecnológico de los centros de datos orientados a la inteligencia artificial. El objetivo es ordenar la expansión de estas instalaciones y garantizar que los nuevos proyectos cumplen unos niveles elevados de sostenibilidad y ciberseguridad.
La propuesta se encuentra todavía en fase de borrador y está previsto que se someta a consulta pública esta semana. Por tanto, sus requisitos podrían modificarse antes de su aprobación definitiva. El texto refleja, no obstante, la intención de las autoridades de seleccionar las inversiones que ofrezcan un mejor equilibrio entre capacidad tecnológica, consumo de recursos y protección de la información.
España se consolida como destino para la infraestructura de IA
El país reúne varios factores que lo convierten en un mercado atractivo para desplegar centros de datos. Entre ellos figuran la disponibilidad de suelo, el crecimiento de las energías renovables y la posibilidad de acceder a grandes cantidades de electricidad para alimentar instalaciones de elevada potencia.
Los centros de datos son edificios equipados con servidores que almacenan información y ejecutan servicios digitales. En el caso de la inteligencia artificial, necesitan además miles de procesadores especializados para entrenar y utilizar modelos capaces de generar texto, imágenes, código o análisis avanzados.
Esta actividad requiere un consumo energético muy superior al de un centro de datos convencional. También genera calor, por lo que los sistemas de refrigeración pueden necesitar cantidades importantes de agua o electricidad. La llegada simultánea de varios proyectos puede aumentar la presión sobre la red eléctrica y sobre los recursos locales.
Un mínimo del 80% de energía renovable cada hora
Uno de los elementos más exigentes del borrador es la obligación de que las energías renovables cubran al menos el 80% del suministro eléctrico utilizado por cada centro de datos durante cada hora de funcionamiento.
La medida pretende evitar que un operador compense un consumo elevado de combustibles fósiles con excedentes renovables producidos en otro momento del año. El requisito se calcularía de forma horaria, lo que obligaría a gestionar con mayor precisión la generación solar, eólica u otras fuentes limpias, así como los sistemas de almacenamiento y los contratos de suministro.
Además, por cada nuevo megavatio de potencia consumido, el operador tendría que acreditar la instalación de un megavatio adicional de capacidad renovable. Esa nueva generación debería haberse puesto en marcha durante los 18 meses anteriores al inicio de la actividad del centro de datos.
El planteamiento guarda similitudes con algunas condiciones aplicadas al desarrollo del hidrógeno verde, que exige demostrar que la electricidad empleada procede de fuentes renovables adicionales y no desplaza el suministro disponible para otros consumidores.
Más control sobre el agua y la eficiencia
La futura regulación también vincularía los límites de consumo de agua y electricidad con el nivel más alto de eficiencia contemplado en la etiqueta de sostenibilidad para centros de datos que prepara la Unión Europea.
La eficiencia de estas instalaciones se mide mediante distintos indicadores. Uno de los más conocidos es el PUE, que compara la energía total utilizada por un centro con la que reciben directamente sus equipos informáticos. Cuanto más se acerca el resultado a uno, menos electricidad adicional se destina a refrigeración, iluminación y otros sistemas auxiliares.
En materia de agua, las exigencias podrían impulsar el uso de circuitos cerrados de refrigeración, tecnologías que reduzcan la evaporación y sistemas capaces de aprovechar agua no potable. Estas decisiones serán especialmente relevantes en las zonas españolas con mayor estrés hídrico.
Datos y metadatos bajo control europeo
El borrador también plantea requisitos relacionados con la soberanía digital y la ciberseguridad. Los operadores tendrían que estar establecidos en la Unión Europea y deberían garantizar que tanto los datos como los metadatos que gestionan permanecen dentro del territorio comunitario.
Los datos son la información principal que almacena o procesa un sistema. Los metadatos, en cambio, describen esa información: pueden indicar quién accedió a un archivo, cuándo se modificó, desde qué ubicación se conectó un usuario o qué servicio lo utilizó. Aunque no siempre contienen el contenido original, pueden revelar detalles sensibles sobre una actividad.
Para cumplir estas condiciones, los centros tendrían que establecer mecanismos que limiten y supervisen el acceso desde terceros países. Las instalaciones que procesen información de organismos públicos o datos relacionados con la seguridad nacional quedarían sometidas a controles adicionales.
Las instalaciones afectadas y las posibles sanciones
Las nuevas reglas se aplicarían a los centros de datos con una potencia superior a un megavatio que todavía no se hayan conectado a la red eléctrica. Los proyectos ya aprobados y que estén tramitando los permisos de operación dispondrían de un plazo de seis meses para adaptarse.
El incumplimiento podría acarrear sanciones económicas y, en los casos más graves, la desconexión de la instalación de la red eléctrica. Esta posibilidad convertiría el cumplimiento energético y ambiental en una condición esencial para mantener la actividad.
El equilibrio entre inversión y sostenibilidad
El Gobierno afronta ahora el reto de diseñar un marco que proteja los recursos del país sin frenar la llegada de inversiones tecnológicas. Unas normas claras pueden ofrecer seguridad a las empresas y evitar que los proyectos compitan de forma desordenada por la electricidad, el agua o el suelo.
Sin embargo, unos requisitos demasiado estrictos o difíciles de aplicar podrían elevar los costes y llevar a algunos operadores a elegir otros países europeos. La consulta pública permitirá valorar ese equilibrio antes de que la regulación avance hacia su aprobación definitiva.
La expansión de la inteligencia artificial no depende únicamente de disponer de chips y modelos avanzados. También exige una infraestructura física capaz de funcionar de manera eficiente, segura y compatible con los objetivos climáticos. España busca aprovechar esa oportunidad, pero con condiciones más estrictas para la nueva generación de centros de datos.
