La EU Kids Act también pondrá el foco en la edad de los jugadores de videojuegos
La Unión Europea prepara una nueva normativa orientada a reforzar la protección de los menores en internet. El proyecto, conocido como EU Kids Act, no limitaría sus efectos a las redes sociales: los videojuegos y sus servicios online también quedarían bajo una supervisión más estricta.
La propuesta todavía está pendiente de aprobación, por lo que sus detalles pueden cambiar durante el proceso legislativo. Sin embargo, el planteamiento ya apunta a una transformación importante para las compañías del sector: deberán prestar más atención a la edad real de sus usuarios y asumir posibles costes adicionales derivados de las nuevas obligaciones.
Controles de edad más exigentes en los videojuegos
Uno de los principales objetivos de la EU Kids Act sería evitar que los menores accedan a contenidos, funciones o servicios que no corresponden a su edad. En la práctica, esto podría traducirse en sistemas de verificación más sólidos que los actuales mecanismos basados únicamente en la fecha de nacimiento introducida durante el registro.
La medida afectaría especialmente a los videojuegos con conexión online, tiendas digitales, plataformas de comunicación integradas y servicios que incluyan compras dentro del juego. También podría tener impacto en títulos con chats de voz o texto, sistemas de clasificación por edades y contenidos generados por los propios usuarios.
El desafío será encontrar un equilibrio entre una comprobación eficaz y el respeto a la privacidad. Pedir documentos de identidad o información sensible no parece una solución sencilla, especialmente cuando se trata de menores. Por ello, el debate previsiblemente girará en torno a qué datos podrán recopilar las empresas, durante cuánto tiempo y quién podrá acceder a ellos.
Una responsabilidad compartida entre plataformas y desarrolladores
La futura normativa no solo afectaría a los grandes fabricantes de consolas. Las tiendas digitales, los editores, los desarrolladores independientes y las plataformas de juego en la nube también podrían tener que adaptar sus procesos de registro, moderación y control parental.
Para las empresas, esto supondría revisar varios elementos de sus servicios:
- Verificación de edad: deberán estudiar métodos más fiables para identificar a los usuarios menores.
- Controles parentales: tendrán que facilitar herramientas comprensibles para limitar el acceso, el chat o las compras.
- Protección de datos: cualquier sistema de comprobación deberá cumplir con las obligaciones europeas de privacidad.
- Moderación: los servicios online podrían verse obligados a reforzar la respuesta ante acoso, lenguaje abusivo y contactos inapropiados.
- Transparencia: las compañías deberán explicar mejor cómo funcionan sus sistemas y qué riesgos existen para los menores.
El alcance definitivo dependerá del texto que se apruebe. No todos los videojuegos presentan los mismos riesgos y es posible que las obligaciones varíen según el tipo de contenido, el modelo de negocio o la presencia de funciones online.
Posibles tasas para financiar la protección infantil
Otro de los puntos destacados del proyecto es la posibilidad de establecer tasas para las compañías. Estos pagos servirían previsiblemente para financiar medidas de supervisión, investigación, educación digital y protección de los menores en el entorno online.
La introducción de nuevas cargas económicas puede generar rechazo en parte de la industria, sobre todo entre estudios pequeños con recursos limitados. Las grandes plataformas cuentan con más capacidad para desarrollar sistemas propios, mientras que los equipos independientes podrían necesitar soluciones externas o servicios compartidos.
También queda por determinar quién asumiría el coste final. Las empresas podrían absorberlo, repercutirlo en sus servicios o modificar determinadas condiciones comerciales. En cualquier caso, la norma podría acelerar la profesionalización de áreas como la moderación, la seguridad online y la gestión de comunidades.
Qué puede cambiar para las familias
Para los padres y tutores, el objetivo sería ofrecer un entorno de juego más seguro y fácil de controlar. Una verificación de edad más fiable permitiría aplicar restricciones adecuadas desde el primer momento, en lugar de depender exclusivamente de la información que introduce el propio usuario.
La normativa también podría impulsar herramientas más claras para gestionar las compras, limitar el tiempo de juego, bloquear comunicaciones o revisar la actividad de una cuenta. Estas funciones ya existen en muchas consolas y plataformas, pero su configuración no siempre resulta sencilla para las familias.
Aun así, ningún sistema tecnológico sustituye por completo la supervisión adulta. La educación sobre privacidad, compras digitales, trato con otros jugadores y uso responsable de los videojuegos seguirá siendo esencial.
Un proceso todavía abierto
La EU Kids Act aún no está aprobada y no existe una fecha definitiva para su entrada en vigor. Antes deberán concretarse sus obligaciones, el calendario de aplicación y las posibles sanciones por incumplimiento.
Hasta que se conozca el texto final, las compañías no tienen que implantar un sistema común de verificación de edad por esta iniciativa. No obstante, el debate confirma una tendencia europea cada vez más clara: las plataformas digitales, incluidos los videojuegos, deberán demostrar que protegen de forma activa a sus usuarios menores y no limitarse a incluir avisos de edad durante el registro.
