Un guardia civil del Puerto se enfrenta a más de seis años de prisión por presuntamente facilitar pases de hachís
Un agente de la Guardia Civil destinado en el Puerto de Ceuta se enfrenta a una petición de más de seis años de prisión por su supuesta implicación en el tráfico de hachís. El macrojuicio, en el que también están acusadas otras 27 personas, está previsto para los primeros meses de 2027.
La investigación sostiene que el agente habría hecho la vista gorda ante determinados movimientos de droga y que su actuación estaría relacionada con el traslado de hasta 577 kilos de hachís. La causa se enmarca en la operación ATAM-Macetero, iniciada en febrero de 2024.
Una causa con 28 acusados
El procedimiento judicial afecta a un total de 28 acusados, entre ellos el guardia civil destinado en las instalaciones portuarias. La investigación gira en torno a una presunta red dedicada al narcotráfico y a la salida de importantes cantidades de hachís desde Ceuta.
El agente no está acusado de transportar personalmente toda la droga investigada, sino de haber facilitado presuntamente determinados pases desde su posición en el Puerto. La hipótesis del caso apunta a que habría permitido el tránsito de la mercancía sin aplicar los controles correspondientes.
La cantidad atribuida al conjunto de los hechos vinculados al agente asciende a 577 kilos de hachís. Esta cifra forma parte de la acusación que deberá ser examinada durante la vista oral, donde las partes podrán exponer sus argumentos y presentar las pruebas incorporadas a la causa.
La operación ATAM-Macetero comenzó en febrero de 2024
La operación policial fue bautizada como ATAM-Macetero y se remonta a febrero de 2024. Desde entonces, las pesquisas han permitido construir una causa de considerable dimensión, tanto por el número de investigados como por el volumen de droga que se atribuye a la organización.
La investigación puso el foco en la posible existencia de una estructura dedicada a facilitar el tráfico de hachís a través del entorno portuario. En ese contexto, la actuación del agente habría resultado relevante para los investigadores por su capacidad de intervención en los controles y movimientos registrados en el recinto.
La inclusión de un miembro de la Guardia Civil entre los acusados añade una especial relevancia a la causa. Su posición profesional, según la tesis investigadora, habría podido ser utilizada para facilitar el paso de la droga y reducir las posibilidades de detección durante las operaciones.
El juicio se celebrará en 2027
El macrojuicio está previsto para los primeros meses de 2027. La fecha concreta deberá fijarse dentro del calendario judicial, en una vista que previsiblemente tendrá que abordar de forma detallada la participación individual de cada uno de los 28 acusados.
La celebración de la vista permitirá revisar las pruebas reunidas durante la operación, así como las comunicaciones, seguimientos y demás actuaciones que hayan sido incorporadas al procedimiento. También se analizará si el agente actuó de forma consciente para favorecer los pases de hachís que se le atribuyen.
La acusación contra el guardia civil supera los seis años de prisión. No obstante, la responsabilidad penal de todos los encausados deberá determinarse en sentencia, una vez concluya el juicio y se valoren las pruebas practicadas ante el tribunal.
La presunción de inocencia se mantiene hasta la sentencia
El agente y el resto de acusados afrontan el procedimiento en calidad de encausados, pero no han sido condenados. La presunción de inocencia se mantiene durante todas las fases del proceso y corresponde a la acusación acreditar los hechos que se les atribuyen.
El tribunal deberá establecer qué grado de participación tuvo cada investigado y si existen diferencias entre quienes presuntamente organizaron el tráfico de droga, quienes pudieron colaborar en los traslados y quienes habrían facilitado su salida a través del Puerto.
La causa derivada de la operación ATAM-Macetero se perfila así como uno de los principales procedimientos por narcotráfico que llegarán a los juzgados de Ceuta durante 2027. El juicio permitirá aclarar el alcance de la presunta red y el papel concreto que habría desempeñado el guardia civil en los movimientos de hachís investigados.
