La Ciudad reclama el retorno de los menores migrantes a Marruecos y cuestiona la relación entre Madrid y Rabat
El Gobierno de Ceuta sostiene que los menores migrantes que permanecen bajo tutela de la Ciudad deben retornar a Marruecos. El Ejecutivo ceutí considera que su permanencia en la ciudad no puede convertirse en una solución permanente y reclama que se active el procedimiento de regreso al país de origen cuando se den las condiciones legales necesarias.
La posición de la Ciudad introduce un nuevo elemento de tensión en el debate sobre la gestión de los menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo local también pone en duda que las relaciones entre España y Marruecos atraviesen un momento suficientemente fluido como para facilitar una respuesta coordinada y estable a esta situación.
La Ciudad reclama una respuesta bilateral
La Administración ceutí considera que la atención a los menores no puede recaer de forma casi exclusiva sobre los recursos de Ceuta. La presión asistencial, residencial y económica que soporta la ciudad se ha convertido en uno de los principales argumentos del Gobierno local para exigir una mayor implicación del Estado y de las autoridades marroquíes.
En este contexto, el Ejecutivo defiende que el retorno a Marruecos debe ocupar un lugar central en la estrategia migratoria. La reclamación se plantea como una medida orientada a evitar que Ceuta asuma de manera indefinida la tutela de menores cuya familia o entorno de referencia se encuentran al otro lado de la frontera.
La Ciudad, no obstante, vincula cualquier devolución al cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación. Cada caso debe analizarse de forma individual, con garantías para el menor y con la comprobación de que el regreso responde a su interés superior.
El interés superior del menor, en el centro del procedimiento
El retorno de un menor extranjero no acompañado no puede ejecutarse de manera automática. La normativa exige valorar las circunstancias personales, familiares y sociales de cada adolescente, así como las condiciones de acogida que encontraría en el país de destino.
También resulta necesario garantizar la identificación del menor, la audiencia de sus representantes legales y la intervención de las autoridades competentes. En los casos en los que exista riesgo para su integridad, ausencia de un entorno familiar adecuado o cualquier otra circunstancia de vulnerabilidad, el procedimiento debe incorporar una protección reforzada.
La gestión de estos expedientes requiere coordinación entre la Ciudad, la Administración General del Estado, los servicios de protección de menores y las autoridades marroquíes. Sin esa colaboración, cualquier fórmula de retorno queda condicionada por los plazos administrativos, la disponibilidad de información y la capacidad de seguimiento posterior.
Ceuta alerta de la presión sobre sus recursos
La reivindicación del Ejecutivo ceutí se produce en un territorio con una capacidad limitada para atender a una población de menores que puede aumentar en periodos de mayor presión migratoria. Los centros de acogida, los equipos profesionales y los servicios de protección afrontan una carga especialmente elevada en comparación con las dimensiones de la ciudad.
La Ciudad sostiene que esta situación dificulta la atención individualizada y obliga a mantener una respuesta de emergencia durante largos periodos. Además, reclama que el Estado articule mecanismos eficaces de derivación hacia otros territorios cuando sea necesario, con el objetivo de repartir la responsabilidad y evitar la saturación de los recursos locales.
El debate combina así dos reclamaciones distintas: por un lado, la petición de que los menores que puedan regresar a Marruecos lo hagan con garantías; por otro, la exigencia de que aquellos que deban permanecer bajo protección española sean distribuidos entre distintas comunidades autónomas.
Las relaciones entre España y Marruecos, bajo escrutinio
El Gobierno ceutí interpreta que la falta de avances suficientes en esta materia puede reflejar dificultades en la cooperación entre Madrid y Rabat. La relación bilateral afecta de forma directa a Ceuta, especialmente en asuntos como el control fronterizo, la readmisión de nacionales y la protección de los menores que llegan a la ciudad sin acompañamiento adulto.
Para la Ciudad, la colaboración debe traducirse en procedimientos previsibles, canales de comunicación permanentes y compromisos concretos. La ausencia de acuerdos operativos o la lentitud en su aplicación alimenta la incertidumbre y deja a los servicios locales como principal red de respuesta.
El Ejecutivo ceutí reclama, por tanto, que la cuestión de los menores se aborde dentro de la agenda bilateral con Marruecos y no únicamente como un problema de gestión interna. La prioridad, según su planteamiento, debe ser establecer un marco que permita resolver los retornos legales y garantizar la protección de quienes no puedan regresar.
Una cuestión abierta para las administraciones
La petición de la Ciudad sitúa al Gobierno central ante la necesidad de aclarar cuál será su estrategia para Ceuta. La respuesta deberá equilibrar la presión sobre los recursos públicos, la cooperación con Marruecos y las obligaciones de España en materia de protección de la infancia.
Mientras no exista una solución estable, Ceuta seguirá afrontando en primera línea las consecuencias de los movimientos migratorios. La reclamación de retorno a Marruecos marca la posición política del Ejecutivo local, pero su aplicación dependerá de que concurran las garantías exigidas por la ley y de que Madrid y Rabat sean capaces de convertir la cooperación en medidas efectivas.
