La Guardia Civil detecta un rastro de Moncloa en la filtración de los audios de Adif sobre el accidente de Urda
La investigación sobre la difusión de los audios del centro de control de Adif durante la noche del accidente de Urda ha encontrado una conexión técnica que apunta a la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de Moncloa. El hallazgo se habría localizado en los metadatos de las grabaciones que circularon públicamente tras el siniestro.
La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo analiza ahora el origen y el recorrido de esos archivos. Las pesquisas tratan de determinar quién tuvo acceso a las grabaciones, cómo fueron extraídas del sistema y de qué manera llegaron a los medios que las difundieron pocas horas después del accidente.
El descubrimiento se enmarca en unas diligencias técnicas abiertas de oficio. Por el momento, no implica una imputación formal ni acredita por sí solo quién ordenó o ejecutó la filtración. La investigación deberá confirmar si la huella detectada corresponde a una intervención directa de funcionarios o a un acceso indirecto a los archivos.
Los metadatos, clave para reconstruir el recorrido de las grabaciones
Los investigadores han centrado parte de su trabajo en los metadatos asociados a los audios. Estos datos pueden aportar información sobre la creación, modificación, copia o transferencia de un archivo, aunque su valor probatorio depende de que se pueda garantizar la integridad de la grabación y descartar manipulaciones posteriores.
La presencia de un rastro vinculado a la Secretaría de Estado de Comunicación abre varias líneas de investigación. Entre ellas figura la posibilidad de que el material pasara por equipos, cuentas o sistemas relacionados con ese departamento antes de su publicación.
También será necesario establecer si los metadatos se incorporaron durante el tratamiento técnico de los archivos o si ya formaban parte de las grabaciones originales. La Guardia Civil deberá contrastar esta información con los registros de acceso, las copias de seguridad y las comunicaciones internas de las entidades implicadas.
Una filtración difundida en plena crisis política
Los audios fueron publicados la misma noche del accidente de Urda, en un momento de máxima atención pública sobre lo ocurrido en el centro de control de Adif. El contenido de las conversaciones fue utilizado posteriormente para respaldar una versión de los hechos y señalar la responsabilidad de un técnico.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, recurrió a esas grabaciones para defender públicamente que la actuación del trabajador había sido determinante. La utilización de un material obtenido antes de que concluyeran las comprobaciones oficiales generó críticas de la oposición y de organizaciones profesionales.
La investigación pretende aclarar si la filtración formó parte de una estrategia para orientar el relato sobre el accidente. Para ello, los agentes deberán reconstruir con precisión la cadena de custodia de los audios y determinar cuándo fueron descargados, editados o compartidos.
La posible apertura de una pieza separada
Las diligencias permanecen a la espera de que la magistrada valore la apertura de una pieza separada por un presunto delito de revelación de secretos. Esta decisión permitiría investigar de forma específica la obtención y difusión de las comunicaciones internas del centro de control.
La apertura de esa pieza no supondría anticipar responsabilidades penales. Serviría para ordenar las actuaciones relacionadas exclusivamente con la filtración, diferenciándolas de la investigación principal sobre las causas del accidente de Urda.
Qué deberán determinar los investigadores
- El origen exacto de los audios y el dispositivo en el que fueron extraídos.
- Las personas que tuvieron acceso a las grabaciones antes de su publicación.
- Si los archivos fueron modificados, recortados o convertidos a otro formato.
- La relación entre los metadatos y los sistemas de la Secretaría de Estado de Comunicación.
- Si la difusión vulneró normas sobre información reservada o comunicaciones internas.
La Guardia Civil tendrá que completar el análisis técnico con declaraciones y requerimientos documentales. Entre las diligencias previsibles se encuentran la solicitud de registros informáticos, la identificación de las cuentas desde las que se compartieron los archivos y el examen de los terminales que pudieron intervenir en su tratamiento.
Hasta que concluyan esas comprobaciones, la conexión con Moncloa debe considerarse una línea de investigación y no una conclusión judicial. La existencia de una huella en los metadatos puede orientar las pesquisas, pero no determina por sí misma quién filtró el material ni con qué finalidad.
El caso añade presión al Gobierno y al Ministerio de Transportes, que deberán explicar cómo llegaron los audios a la opinión pública y cuál fue el proceso seguido para validar su contenido. La evolución de las diligencias y la eventual decisión de la magistrada serán determinantes para saber si la filtración acaba teniendo consecuencias penales.
