La secretaria de Estado de Comunicación estuvo en la sala de Adif donde se descargó el audio investigado
La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, estuvo presente en la reunión celebrada en el centro de control de Adif en la estación de Atocha, el mismo lugar desde el que se habría descargado la grabación posteriormente difundida por varios medios de comunicación próximos al Gobierno.
La presencia de Del Canto en esas instalaciones ha cobrado relevancia después de que la Guardia Civil haya iniciado una investigación para determinar el origen de la filtración. Los agentes tratan de esclarecer quién accedió al archivo, cómo salió del sistema y qué recorrido siguió hasta su publicación.
El audio y el accidente de Urda
La grabación está relacionada con el accidente ferroviario de Urda y con el operario al que el Gobierno señaló inicialmente como responsable de lo ocurrido. El contenido difundido fue utilizado en la batalla política y mediática abierta tras el siniestro, aunque la investigación sobre los hechos todavía debe establecer todas las responsabilidades.
El archivo fue publicado por distintos medios considerados afines al Ejecutivo. La principal incógnita se centra ahora en el momento y el lugar en el que se obtuvo la copia que acabó circulando fuera de los canales internos de Adif.
Según la información conocida, los investigadores han localizado en los metadatos de los audios el rastro de un departamento dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación. Esta circunstancia no acredita por sí sola quién realizó la descarga o quién facilitó posteriormente el material, pero sitúa el foco de las pesquisas en el entorno de La Moncloa.
Una reunión en el centro de control de Atocha
Del Canto acudió al centro de control de Adif durante una reunión con Óscar Puente, entonces ministro de Transportes. La secretaria de Estado aparece en imágenes tomadas en el interior de las instalaciones, donde se gestionan comunicaciones y operaciones vinculadas al tráfico ferroviario.
La coincidencia entre la reunión y la descarga del archivo ha llevado a los investigadores a examinar los accesos a los equipos, los registros de actividad y las comunicaciones mantenidas durante esas horas. El objetivo es separar la presencia física en el lugar de cualquier participación concreta en la extracción o difusión del audio.
La investigación deberá determinar también si el archivo fue descargado directamente desde un sistema de Adif o si llegó a otros dispositivos por vías intermedias. Para ello, la Guardia Civil analiza las huellas digitales del material y la información técnica asociada a cada copia.
Qué investigan los agentes
Las pesquisas se centran en varios elementos técnicos y administrativos:
- El origen exacto de la grabación y la primera descarga registrada.
- Los usuarios y dispositivos que tuvieron acceso al archivo.
- Los metadatos conservados en las copias difundidas públicamente.
- La posible intervención de personal de Adif o de otros departamentos públicos.
- El recorrido del audio hasta su publicación en los medios.
Los metadatos pueden aportar información sobre el dispositivo utilizado, la fecha de creación o modificación y determinados procesos de almacenamiento. Sin embargo, estos datos también pueden alterarse, eliminarse o conservarse de forma incompleta cuando un archivo se convierte a otro formato, por lo que deberán ser contrastados con los registros internos y los testimonios de las personas presentes.
Implicaciones políticas y administrativas
El caso añade presión al Gobierno por la gestión comunicativa del accidente de Urda. La difusión selectiva de una conversación relacionada con el operario señalado como responsable provocó críticas de la oposición y de organizaciones profesionales, que reclamaron conocer el contexto completo de la grabación.
La posible conexión técnica con un departamento dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación eleva la exigencia de explicaciones políticas. No obstante, hasta que finalicen las diligencias no puede atribuirse a Lydia del Canto ninguna actuación concreta ni darse por probada una responsabilidad individual.
También está por aclarar si la descarga se produjo dentro de una actuación oficial, si existía autorización para acceder al archivo y quién decidió remitirlo a terceros. La respuesta a estas preguntas será determinante para establecer si se trató de una filtración irregular o de una gestión autorizada de información pública.
La investigación sigue abierta
La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias y previsiblemente incorporará nuevos informes técnicos antes de extraer conclusiones. La identificación de la cuenta o dispositivo desde el que se descargó el audio será uno de los pasos clave para reconstruir la cadena de acceso.
Mientras tanto, la presencia de la secretaria de Estado en el centro de control de Atocha se ha convertido en un elemento central del debate político. Esa circunstancia, por sí sola, no demuestra que participara en la filtración, pero sitúa la reunión y el entorno de Comunicación del Gobierno entre los ámbitos que deberán ser examinados por los investigadores.
