El automóvil ve cómo el calendario corre veloz hacia el uno de enero sin que el Gobierno quiera resolver su preocupación número uno. El año 2021 traerá una subida del impuesto de matriculación, que encarecerá, de media, un 5% el precio de la mitad de los coches que se venden en España. El sector estima que, si el Ejecutivo no impide el alza fiscal como sí han hecho Francia o Portugal, el año que viene se dejarán de vender 110.000 vehículos. Supondría un retroceso del 10%, frente a la estimación de 1.110.000 matriculaciones que calcula BBVA Research para el próximo ejercicio.
El incremento fiscal –motivado por la llegada de unas nuevas pruebas de emisiones más exigentes– supondrá la puntilla para un sector que no levanta cabeza desde que se desató la pandemia. Hasta hoy, las ventas de coches acumulan un retroceso del 35,3%. En 2020 solo han cerrado en verde en julio, cuando crecieron un 1,1% gracias a la demanda embalsada durante los meses de cierre total de fábricas y concesionarios.
Anfac, Faconauto y Ganvam, las tres asociaciones que representan la fabricación, comercialización y distribución de vehículos, han expresado en un comunicado conjunto su «gran preocupación» por la mala situación del mercado. Y avisan de que la salida de su crisis se dificultará «aún más» por la subida impositiva, «con el impacto consecuente tanto en el empleo como en la economía del país y en la cadena de valor de la automoción».
De hecho, y aunque las previsiones dependen también de la incierta evolución de la pandemia, el retroceso en las ventas podría alcanzar las 130.000 unidades en 2021 en el escenario más adverso, solo por el alza del tributo. El sector supone el 11% del PIB y emplea al 9% de la población activa.
Cuando acabe diciembre, terminará también la prórroga que, a efectos fiscales, minimiza el impacto de las nuevas pruebas de emisiones WLTP. Con la nueva prueba, al ser más exigente, un mismo vehículo arroja valores de contaminantes entre un 20 y un 30% superiores. Algo que tendrá un impacto directo sobre el denominado oficialmente Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), conocido como impuesto de matriculación, que se calcula por tramos en base a las emisiones de CO2: 0% para los vehículos que emiten menos de 120 gr/km de CO2, 4,75% entre 120 y 160; 9,75 de 160 a 200 y 14,75% de 200 en adelante.
Por ello, fabricantes automovilísticos como Renault y varias autonomías han reclamado al Ejecutivo que eleve un 20% los umbrales del tributo, siguiendo la vía francesa, «puesto que la norma europea no busca incrementar la fiscalidad sino medir mejor las emisiones de los vehículos». De no hacerlo España quedará además en desventaja frente a otros países competidores, que o bien han ajustado ya el tributo o bien directamente no lo tienen, todo ello en un momento en el que se juega la llegada de nuevos modelos eléctricos e híbridos a las plantas españolas, enviando un mensaje negativo a los centros de decisión de los grandes fabricantes, situados fuera de nuestras fronteras.
España, farolillo rojo
De media, el alza fiscal implicará que el precio de los vehículos suba entre 800 y 1.100 euros, con especial impacto sobre los coches que se fabrican en España, puesto que el 75% se encarecerá. Y esto amenaza con afectar de forma directa al empleo de las 17 factorías automovilísticas del país, ya que, aunque el 85% de la producción se exporta, España es el principal mercado para los coches españoles. Y su desempeño no puede ser peor, puesto que de los cuatro grandes mercados europeos (con Italia, Francia y Alemania) es el que peor comportamiento registra en lo que va de año.
Preguntada en una entrevista que ABC publicó el domingo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró haber trasladado al sector que ahora «no se dan las condiciones para abrir el debate del cambio del impuesto de matriculación». Antes, Maroto había hablado de que el Ejecutivo estudia «minimizar» o «compensar» el alza del tributo, tras anunciar que el automóvil recibirá 10.000 millones de los fondos europeos de recuperación. Un anuncio que fue acogido de forma gélida por el sector, que prefiere primero resolver lo urgente y luego abordar lo importante.
Una de las medidas de «compensación» que pueden acabar sobre la mesa es la prórroga del Programa Renove durante 2021. Aunque inicialmente se pensó solo para este año, por ahora solo se han comprometido el 15% de los 250 millones de euros con los que fue dotado. Anunciado como parte del plan de 3.750 millones para el automóvil de junio, y valorado por impedir un hundimiento aún mayor del mercado, ha sido víctima no obstante de las bajas cuantías que ofrece por achatarrar un coche de más de diez años y de las trabas electrónicas a la hora de solicitar la ayuda. Según BBVA, su prórroga en 2021 permitiría matricular entre 40.000 y 80.000 unidades adicionales.
Con el fin de dar margen al sector mientras abordaba la reforma fiscal del automóvil, Industria aprobó en 2018 el factor de corrección que ahora expira. El problema es que las dificultades para formar un Gobierno, primero, y el coronavirus, después, han impedido abordar dicha reforma, (largamente prometida y prevista ahora para empezar a ser estudiada el año próximo), que no será fácil al implicar no solo a diferentes ministerios, como Industria, Transición Ecológica y Hacienda, sino también a los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.
