El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha destacado en el Parlamento que una de cada tres obras pendientes en infraestructura educativa desde 2016 son de “extrema urgencia”, tal y como recoge el informe de evaluación elaborado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).
En total, las actuaciones prioritarias no atendidas desde 2016 son 1.363, con un coste aproximado de 330,6 millones de euros. Así, el consejero ha explicado que estas obras sin realizar pueden ser desde la eliminación de barreras arquitectónicas y demás adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales hasta las reposiciones de cubiertas o el reforzamiento de muros de contención.
Por provincias, los territorios más poblados como Málaga y Sevilla son las que tienen más obras pendientes. En concreto, en Málaga hay desde 2016 un total de 455 actuaciones sin ejecutar por valor de 143,48 millones de euros y en Sevilla 298 con un coste de 73,63 millones. En el caso de Almería son 192 actuaciones por un valor de 39,37 millones; Cádiz 38 con un coste de 5,35 millones; Córdoba 109 por un valor de 19,96 millones; Granada 160 obras pendientes con un coste de 31,01 millones; Huelva 22 por un valor de 2,77 millones y Jaén tiene pendientes 89 actuaciones valoradas en 15,01 millones de euros.
Además, el consejero en su intervención ha ofrecido también el dato de las obras pendientes desde 2006, un total de 2.742, por un valor de más de 835 millones de euros. Imbroda ha explicado que si se tienen en cuenta los plazos actuales de los procedimientos de obras, se necesitarían “siendo generosos”, hasta 15 años para poder llevar a cabo todas estas actuaciones sin ejecutar.
Asimismo, el consejero se ha referido a la falta de financiación destinada a la Agencia y que los pocos recursos de los que dispone no se han destinado a las actuaciones prioritarias. En este sentido, ha informado de que APAE cuenta con un presupuesto para gastos de algo más de 551 millones de euros, de los cuales 372,5 millones (el 73%) corresponden al pago de servicios que no tienen que ver con obras y equipamientos de centros como el comedor escolar, aula matinal o las bonificaciones a las familias del primer ciclo de Infantil. Por lo tanto, el presupuesto disponible para infraestructuras recogido en la última memoria es de 138,5 millones de euros, es decir tan solo un 27,10% del total, lo que supone una inversión anual por centro de 24.750 euros. Además, del montante total, ha asegurado el consejero “prácticamente 40 millones se destina al Capítulo 1 de personal, que evidentemente no se corresponde con gastos en infraestructuras como tales”.
Durante su intervención, el consejero ha avanzado que se está diseñando un Plan Plurianual de Infraestructuras que fijará las prioridades de actuación para que el gasto sea más eficaz y eficiente. El nuevo plan recogerá, además de las necesidades de los centros educativos de manera realista, las nuevas líneas estratégicas de la Consejería como el impulso de la FP en todas las modalidades o la ampliación del Bachillerato Internacional.
Por otro lado, Javier Imbroda ha anunciado que su departamento está trabajando en la simplificación de los procedimientos para que el plazo actual para la tramitación de las obras, que se sitúa entre los 6 y 9 meses, se puedan reducir a una semana.
También se reforzará el número de visitas que el personal de APAE realiza a los centros para revisar la prestación de servicios complementarios (aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares). En este sentido, el consejero ha afirmado que en algunos servicios ni tan siquiera se realizan inspecciones como es el caso de las actividades extraescolares y ha añadido que esta medida no es trivial “ya que anualmente la Junta puede estar perdiendo más de nueve millones en servicios no recibidos, según los estudios realizados”.
El titular de Educación y Deporte ha informado de que dadas las limitaciones presupuestarias que se ha encontrado su departamento “tenemos la necesidad de buscar fondos adicionales”. Para ello, ha avanzado que está en conversaciones con la Consejería de Economía y otros órganos para buscar financiación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que supondrá más dinero disponible para infraestructuras no procedente de las arcas andaluzas.
