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El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar cautelarmente los trámites acordados por el Consejo de Ministros para exhumar al dictador, descartando así el recurso presentado por su familia. Desde la Sala Tercera han tomado esta decisión alegando que «el acuerdo recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos de don Francisco Franco Bahamonde ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso».
Los magistrados estiman que la exhumación «solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros y ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto», añaden en el comunicado.
Por lo tanto, el Supremo mantiene la puerta abierta a que la familia vuelva a recurrir cuando haya una decisión definitiva. Tras este posicionamiento judicial, el Gobierno ha anunciado que prevé exhumar los restos de Franco a finales del próximo mes de enero, según han indicado a Efe fuentes de Moncloa.
Los familiares del dictador decidieron acudir a la vía judicial para evitar que el cuerpo embalsamado de Franco salga del Valle de Cuelgamuros. Si finalmente sale, la pretensión de los nietos es que acabe enterrado en la cripta de la catedral de Madrid, La Almudena, lo que ha suscitado un intenso debate entre la Iglesia y el Gobierno, que quieren impedir que el lugar, en el centro de la capital, se convierta en un sitio de peregrinación franquista.
El acuerdo que quiere impugnar la familia ordena a la ministra de Justicia que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde se encuentra el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación.
Según lo aprobado por el Ejecutivo lo servicios técnicos de Patrimonio Nacional, en su calidad éste de patrono de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, serán los encargados de la redacción del proyecto para su tramitación con arreglo a lo previsto en la ley del suelo y rehabilitación urbana.
Asimismo el acuerdo establece que el Ministerio de Justicia solicite a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, como órgano de la Comunidad Autónoma de Madrid competente en materia de sanidad mortuoria, informe no vinculante sobre el proyecto de exhumación para ser emitido en un plazo máximo de un mes.
Estas instrucciones son las que pretendían parar los Franco tras un proceso de oposición de la exhumación de su abuelo que se inició desde que el Gobierno de Sánchez anunció que pretendía sacar al dictador, que comparte enterramiento con miles de víctimas anónimas (más de 12.000), muchas de ellas represaliadas por su régimen.