La UCO sitúa a Santos Cerdán al frente de la operación de la «fontanera» contra la causa de David Sánchez
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, habría dirigido a través de Leire Díez una operación destinada a debilitar la investigación judicial sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La actuación, según las pesquisas, habría incluido el seguimiento de la magistrada Beatriz Biedma, encargada de instruir el procedimiento.
La investigación también vincula esa misma red de colaboradores con un episodio posterior en Badajoz. Uno de los enviados de la trama se habría reunido allí con personas del entorno de un conocido narcotraficante apodado «El Gitano». El encuentro forma parte de las líneas de actuación que los investigadores tratan de reconstruir.
Un grupo de WhatsApp para coordinar la operación
El documento de la UCO recoge la existencia de un grupo de WhatsApp denominado «Vacaciones y viajes». En ese espacio, Leire Díez, conocida públicamente como la «fontanera», habría informado a sus colaboradores sobre la evolución de las gestiones emprendidas contra la jueza Biedma.
Los mensajes analizados por los agentes reflejarían una estructura coordinada, con instrucciones, seguimiento de contactos y valoración de los pasos que debían darse. La investigación trata de determinar hasta qué punto las actuaciones respondían a una estrategia organizada y quiénes participaron en su diseño y ejecución.
En ese contexto aparece el nombre de Santos Cerdán. El exdirigente socialista habría ejercido, según el informe, una función de dirección indirecta mediante comunicaciones y encargos trasladados a Díez. Algunas de las instrucciones recogidas en las pesquisas incluirían llamamientos a no cometer errores durante el desarrollo de la operación.
El objetivo: erosionar la causa contra David Sánchez
La actuación habría tenido como principal objetivo torpedear la causa judicial abierta contra David Sánchez, que investiga distintos aspectos relacionados con su actividad profesional y su posición en la Diputación de Badajoz. El procedimiento está instruido por la jueza Beatriz Biedma, cuya actuación habría sido objeto de especial atención por parte de los colaboradores de Díez.
La supuesta estrategia no se habría limitado a obtener información sobre el procedimiento. De acuerdo con el contenido del informe, la red habría intentado reunir elementos que permitieran cuestionar la actuación de la magistrada y afectar a la solidez de la investigación.
La causa ha adquirido una dimensión política por afectar al hermano del presidente del Gobierno. Cualquier intento externo de influir en su tramitación, si finalmente quedara acreditado, podría tener consecuencias judiciales y políticas relevantes. Por ahora, las conclusiones de la UCO forman parte de una investigación y deberán ser valoradas por los tribunales.
Del entorno judicial al contacto con los narcotraficantes
El informe conecta la operación relacionada con David Sánchez con una actuación posterior desarrollada en Badajoz. En esta ocasión, uno de los colaboradores habría mantenido un encuentro con personas vinculadas al entorno de «El Gitano», un narcotraficante conocido en la zona.
La reunión habría servido para explorar posibles vías de información o colaboración, aunque el alcance exacto del contacto todavía debe concretarse. Los investigadores analizan quién promovió el encuentro, qué se ofreció o solicitó y si existía una relación directa entre esa cita y la estrategia desplegada contra la causa judicial.
La referencia a este episodio amplía el alcance de las pesquisas. La UCO intenta establecer si se trató de una actuación aislada o de una práctica habitual dentro de una red que buscaba obtener información y apoyos en distintos ámbitos.
El papel de Leire Díez
Leire Díez aparece como la persona encargada de trasladar instrucciones y coordinar a los participantes. Su actividad habría incluido contactos con distintos interlocutores y la circulación de información sobre el estado de las gestiones.
El grupo de WhatsApp habría permitido mantener una comunicación constante entre los integrantes de la operación. Los mensajes son ahora una de las principales piezas para reconstruir la cadena de decisiones y determinar si las órdenes procedían de una estructura política superior.
La investigación deberá aclarar también si todos los participantes conocían el objetivo global de las actuaciones o si cada uno recibió encargos parciales. Esta diferencia resulta clave para establecer responsabilidades individuales y el grado de implicación de cada persona.
Una investigación con derivadas políticas
Las revelaciones sitúan de nuevo bajo escrutinio el funcionamiento interno del PSOE y el papel que habría desempeñado Cerdán antes de abandonar sus responsabilidades orgánicas. La posible intervención de un antiguo secretario de Organización en una operación dirigida contra una jueza y vinculada a una causa que afecta al entorno del presidente elevaría la presión sobre el partido.
Sin embargo, la atribución de responsabilidades deberá apoyarse en pruebas verificadas y en decisiones judiciales. El informe de la UCO recoge indicios y comunicaciones que tendrán que ser contrastados durante la instrucción.
Mientras avanzan las diligencias, los investigadores mantienen abiertas varias preguntas: quién ordenó cada actuación, qué información se pretendía obtener, qué relación existía entre los contactos de Badajoz y la causa de David Sánchez y si hubo intentos efectivos de interferir en el procedimiento judicial.
