La UE reclama un papel central para la ONU en la gobernanza de la inteligencia artificial
La Unión Europea quiere que las Naciones Unidas ocupen una posición central en la definición de las reglas internacionales sobre inteligencia artificial. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido una arquitectura de gobernanza transparente, inclusiva y orientada al interés general frente a un escenario en el que el desarrollo de esta tecnología está cada vez más concentrado en un reducido grupo de grandes empresas.
La advertencia de Costa parte de una premisa política y económica: la inteligencia artificial tendrá efectos globales y, por tanto, no puede quedar sometida únicamente a decisiones privadas. En su opinión, no la pueden regular unas cuantas empresas globales, especialmente cuando sus sistemas influyen ya en ámbitos que afectan a millones de personas.
Una regulación internacional para una tecnología sin fronteras
El avance de la inteligencia artificial no se detiene ante las fronteras nacionales. Sus herramientas se utilizan para generar contenidos, analizar grandes volúmenes de información, automatizar procesos y apoyar la toma de decisiones en sectores públicos y privados. Esta dimensión internacional dificulta que cada país actúe de manera aislada y refuerza la necesidad de establecer criterios comunes.
La UE considera que la ONU dispone de la legitimidad necesaria para impulsar ese debate. Su carácter multilateral permitiría incorporar a países con distintos niveles de desarrollo tecnológico y evitar que las normas mundiales se definan exclusivamente desde los principales mercados o desde los territorios donde tienen su sede las grandes compañías digitales.
El objetivo no sería frenar la innovación, sino garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial avance acompañado de controles, responsabilidades y mecanismos de supervisión. Para Bruselas, la confianza en esta tecnología dependerá tanto de sus prestaciones como de la forma en que se diseñen, entrenen y utilicen sus sistemas.
Transparencia frente a la concentración de poder
Uno de los principales riesgos señalados por el presidente del Consejo Europeo es la concentración de capacidades tecnológicas en manos de un número limitado de empresas. Estas compañías controlan grandes cantidades de datos, infraestructuras informáticas y modelos avanzados, lo que les otorga una influencia creciente sobre la economía y sobre la circulación de información.
En este contexto, una gobernanza eficaz debería aclarar quién responde cuando un sistema de inteligencia artificial causa un perjuicio, qué información deben ofrecer sus desarrolladores y qué límites deben aplicarse a los usos más sensibles. También tendría que abordar la protección de los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
La transparencia se presenta como una condición esencial. Las instituciones, las empresas y la ciudadanía necesitan conocer, al menos, los criterios generales con los que funcionan estas herramientas, los datos que utilizan y las posibles limitaciones de sus resultados. Sin esa información, la supervisión pública queda debilitada y aumenta el riesgo de que decisiones relevantes se tomen mediante procesos opacos.
Una arquitectura al servicio de la humanidad
António Costa ha planteado que la gobernanza de la inteligencia artificial debe estar al servicio de la humanidad y no convertirse en un mecanismo de control sobre ella. La diferencia es relevante: mientras la tecnología puede ampliar las capacidades de las personas, también puede utilizarse para vigilar, discriminar o condicionar conductas si no existen garantías suficientes.
La propuesta europea sitúa en el centro una visión basada en la responsabilidad democrática. La inteligencia artificial debería complementar la acción humana, no sustituir la rendición de cuentas de las autoridades ni permitir que decisiones con impacto social queden en manos de sistemas imposibles de cuestionar.
Ese planteamiento afecta especialmente a áreas como el empleo, la educación, la sanidad, la seguridad y la administración pública. En todos estos ámbitos, los errores de un sistema automatizado pueden tener consecuencias directas sobre los derechos y las oportunidades de los ciudadanos.
El reto de alcanzar acuerdos globales
La participación de la ONU podría facilitar un marco común, aunque alcanzar un consenso internacional será complejo. Los países mantienen posiciones diferentes sobre la privacidad, la seguridad, la libertad de expresión, la competencia empresarial y el grado de intervención que debe asumir el Estado.
A estas diferencias se suma la velocidad de evolución de la inteligencia artificial. Las normas aprobadas hoy pueden quedar desfasadas si no incluyen mecanismos de revisión y adaptación. Por ello, la futura gobernanza deberá combinar principios estables con capacidad para responder a nuevas aplicaciones y riesgos.
La UE aspira así a reforzar el debate multilateral y a evitar que la regulación de una tecnología con impacto mundial dependa exclusivamente de sus principales desarrolladores. La petición de Costa plantea una cuestión de fondo: quién debe fijar las reglas de una transformación que afecta a toda la sociedad.
Para Europa, la respuesta debe pasar por instituciones internacionales, controles democráticos y una mayor transparencia. La inteligencia artificial puede ofrecer oportunidades significativas, pero su desarrollo solo será sostenible si la innovación avanza junto a la protección de las personas y al interés general.
