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Los centros de datos de inteligencia artificial entran en la campaña de las elecciones de EE. UU.

Los centros de datos que sostienen la expansión de la inteligencia artificial se han convertido en uno de los asuntos con mayor impacto electoral en Estados Unidos. Demócratas y republicanos están incorporando a sus campañas las protestas contra estas instalaciones, especialmente en zonas rurales y comunidades donde los vecinos temen por el agua, la electricidad, el ruido y el valor del entorno.

El rechazo ciudadano es amplio. Una encuesta publicada este verano señala que el 70% de los estadounidenses se opone a que se construya un centro de datos cerca de su vivienda. Otro sondeo sitúa en el 63% el apoyo a una pausa de al menos un año para autorizar nuevos centros de datos de hiperescala, instalaciones de enormes dimensiones diseñadas para procesar grandes volúmenes de información y entrenar modelos de inteligencia artificial.

Más de 45 millones de dólares en anuncios políticos

La preocupación ya se refleja en el gasto electoral. Desde enero de 2026, campañas y grupos externos han invertido más de 45 millones de dólares en anuncios que mencionan los centros de datos en las elecciones a gobernador, Senado y Cámara de Representantes.

Más de 30 candidatos de ambos partidos han firmado el denominado AI Pact, un compromiso que propone eliminar las desgravaciones fiscales específicas para estas infraestructuras, exigir revisiones de seguridad para los modelos avanzados y hacer legalmente responsables a las compañías por los daños que causen sus productos.

El acuerdo también plantea que las empresas compartan parte de los beneficios económicos de la inteligencia artificial con los trabajadores afectados por la automatización. De este modo, los candidatos conectan dos debates que hasta ahora avanzaban por separado: el impacto físico de la infraestructura tecnológica y la transformación del mercado laboral.

Agua, ruido y facturas eléctricas más elevadas

El malestar de los vecinos se concentra en los efectos locales de los centros de datos de hiperescala. Sus servidores necesitan sistemas de refrigeración permanentes para evitar el sobrecalentamiento, lo que puede aumentar el consumo de agua en regiones que ya sufren escasez hídrica.

  • Consumo elevado de agua para refrigerar los equipos.
  • Ruido constante procedente de ventiladores y sistemas de enfriamiento.
  • Transformación visual de paisajes rurales y terrenos agrícolas.
  • Mayor presión sobre las redes eléctricas locales.
  • Subidas potenciales de las tarifas para hogares y pequeños negocios.
  • Creación de empleo concentrada en la fase de construcción.

La promesa de puestos de trabajo también está siendo cuestionada. Aunque la construcción de las instalaciones puede generar miles de empleos temporales, la operación diaria suele requerir una plantilla mucho más reducida y especializada. Para algunas comunidades, el balance entre el coste ambiental y económico y los beneficios permanentes resulta insuficiente.

Una inversión que dejó de ser invisible

Durante años, numerosos gobiernos estatales facilitaron la llegada de proyectos de Microsoft, Google, Amazon y otras compañías mediante ventajas fiscales y ayudas públicas. El argumento era doble: atraer empleo y reforzar la competitividad de Estados Unidos frente a China en una tecnología considerada estratégica.

La situación ha cambiado a medida que los centros de datos han dejado de percibirse como una infraestructura discreta. El aumento de la demanda eléctrica, el tamaño de los edificios y su impacto en los recursos locales han convertido estas instalaciones en un asunto visible para los votantes.

Algunas previsiones apuntan a que, si continúa el ritmo de expansión de la inteligencia artificial, los centros de datos estadounidenses podrían consumir en 2035 más gas natural que Alemania y Japón juntos. Estas estimaciones han contribuido a ampliar el debate: ya no se discute únicamente la innovación, sino también quién paga su coste energético y ambiental.

Nueva York marca un precedente

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, impuso en julio una moratoria estatal de un año para la construcción de nuevos centros de datos de hiperescala. La medida se ha convertido en una referencia para otros estados que estudian limitar o revisar los proyectos antes de conceder permisos.

Texas, tradicionalmente favorable a la industria tecnológica y a la inversión privada, también afronta una creciente presión ciudadana. En varias zonas rurales, los residentes consideran que las grandes compañías están tomando decisiones sobre el territorio sin comprender las necesidades de las comunidades donde se instalan.

La tensión entre Trump y los votantes republicanos

Donald Trump ha defendido la expansión de los centros de datos como una pieza de la competición tecnológica con China. Su posición dificulta la estrategia de numerosos candidatos republicanos, que deben equilibrar el respaldo al presidente con las demandas de sus propios electores.

El problema energético añade presión. La demanda de los centros de datos crece al mismo tiempo que el uso de vehículos eléctricos y la electrificación de otros sectores. Cuando varias curvas de consumo coinciden en regiones con mucha concentración tecnológica, las redes locales pueden necesitar nuevas inversiones, un coste que acaba repercutiendo en las facturas domésticas.

De la infraestructura física a los servicios digitales

El impacto no se limita al territorio o al suministro eléctrico. El llamado agentic flooding describe la saturación de servicios digitales públicos por miles de solicitudes automatizadas generadas por sistemas de inteligencia artificial capaces de actuar con cierta autonomía.

El fenómeno muestra la otra cara del mismo desafío: la infraestructura de datos puede presionar tanto los sistemas físicos, como las redes eléctricas, como los servicios digitales utilizados por las administraciones.

Las elecciones del 3 de noviembre podrían determinar si estas propuestas llegan al Congreso. Si se produce un cambio relevante en el equilibrio de las cámaras, los candidatos que han firmado el AI Pact podrían convertirse en legisladores con un mandato explícito para regular los centros de datos, revisar las ayudas fiscales y establecer nuevas obligaciones para las empresas de inteligencia artificial.

La novedad de 2026 es que el rechazo a la expansión de esta infraestructura ha conseguido reunir a votantes de ambos partidos. En un sistema político profundamente polarizado, la oposición a un centro de datos cerca de casa se está convirtiendo en uno de los pocos asuntos capaces de generar una coalición transversal.

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