España prepara una regulación más estricta para los centros de datos de inteligencia artificial
El Gobierno español prepara nuevas normas para regular la expansión de los centros de datos destinados a la inteligencia artificial. El borrador de decreto, que se someterá a consulta pública esta semana, plantea requisitos más exigentes sobre consumo de agua, uso de electricidad, energías renovables, residencia de los datos y ciberseguridad.
La iniciativa llega en un momento de fuerte crecimiento de las inversiones tecnológicas. España se ha convertido en uno de los destinos europeos más atractivos para levantar grandes infraestructuras digitales gracias a la disponibilidad de energía renovable, la extensión de terreno y el desarrollo de nuevas conexiones eléctricas y de telecomunicaciones.
Más control sobre una infraestructura clave para la IA
Los centros de datos son instalaciones que reúnen miles de servidores para almacenar información y ejecutar servicios digitales. En el caso de la inteligencia artificial, también alojan aceleradores especializados, como las GPU, capaces de realizar enormes cantidades de cálculos para entrenar y utilizar modelos de lenguaje, sistemas de reconocimiento de imágenes y otras aplicaciones.
Este tipo de cargas de trabajo exige un consumo energético elevado y genera grandes cantidades de calor. Para mantener los equipos en funcionamiento, los operadores utilizan sistemas de refrigeración que pueden requerir agua, electricidad o una combinación de ambas. Por ello, el impacto ambiental de estas instalaciones se ha convertido en uno de los principales asuntos regulatorios.
El nuevo marco pretende que los futuros proyectos sean más eficientes y que su expansión no comprometa los objetivos de sostenibilidad del país. La regulación también busca reforzar la protección de la información gestionada por estas infraestructuras, especialmente cuando está relacionada con la Administración pública o con la seguridad nacional.
El 80% de la energía deberá ser renovable cada hora
Una de las medidas más relevantes del borrador establece que las energías renovables deberán cubrir, como mínimo, el 80% del suministro eléctrico utilizado por cada centro de datos durante cada hora de funcionamiento.
La exigencia no se limitará a que los operadores compren certificados verdes o compensen su consumo de forma anual. El objetivo es que exista una relación más directa entre la energía utilizada y la generación renovable disponible en cada momento, aunque el texto definitivo podría concretar cómo se calculará y verificará este porcentaje.
Además, por cada nuevo megavatio de potencia consumido, el operador tendrá que acreditar la instalación de un megavatio adicional de generación renovable. Esta nueva capacidad deberá haberse puesto en marcha durante los 18 meses anteriores al inicio de la actividad del centro de datos.
El planteamiento recuerda a algunas de las condiciones aplicadas al desarrollo del hidrógeno verde, una tecnología que utiliza electricidad renovable para producir hidrógeno sin recurrir directamente a combustibles fósiles. Con ello, el Ejecutivo pretende evitar que el crecimiento de la inteligencia artificial se apoye en un aumento proporcional de las emisiones.
Los datos y metadatos deberán permanecer en la Unión Europea
El borrador también contempla requisitos de soberanía digital. Los operadores de los centros de datos afectados deberán estar establecidos en la Unión Europea y tendrán que mantener dentro del territorio comunitario tanto los datos como los metadatos que administren.
Los metadatos son los datos que describen otra información: por ejemplo, la fecha de creación de un archivo, su ubicación, el usuario que lo ha consultado o el sistema que lo ha procesado. Aunque no siempre contienen el contenido principal, pueden revelar información sensible sobre las actividades de una organización.
Las empresas deberán implantar mecanismos para controlar y limitar el acceso a estos datos desde terceros países. Las instalaciones que procesen información de organismos públicos o relacionada con la seguridad nacional estarán sometidas a controles adicionales y a requisitos más estrictos de protección.
Alcance de las nuevas obligaciones y posibles sanciones
Las medidas se aplicarían a los centros de datos con una potencia superior a un megavatio que todavía no estén conectados a la red eléctrica. Los proyectos ya aprobados y que se encuentren tramitando sus permisos de operación dispondrían de un plazo de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones.
El incumplimiento podría acarrear sanciones económicas y, en los casos más graves, la desconexión de la instalación de la red eléctrica. Esta posibilidad subraya la importancia que tendrán los controles sobre el consumo energético y el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
El texto todavía no es definitivo. Durante la consulta pública, empresas, administraciones y organizaciones del sector podrán presentar alegaciones y propuestas. El contenido final podría modificar tanto los porcentajes de energía renovable como los plazos de adaptación o los mecanismos de supervisión.
El reto de atraer inversión sin relajar los controles
España afronta así un equilibrio complejo. La llegada de centros de datos puede generar inversión, empleo especializado y nuevas oportunidades para el ecosistema tecnológico, además de reforzar la capacidad nacional para ofrecer servicios de inteligencia artificial y computación en la nube.
Sin embargo, estas instalaciones también pueden aumentar la presión sobre la red eléctrica, el suelo y los recursos hídricos. Si los proyectos se concentran en zonas con limitada capacidad de generación o de suministro, podrían aparecer conflictos con otros usos industriales, agrícolas o residenciales.
El Gobierno busca seleccionar las iniciativas más eficientes y sostenibles antes de que se produzca la avalancha de nuevas inversiones prevista para los próximos años. El riesgo es que unas condiciones demasiado exigentes eleven los costes de construcción y operación, y lleven a algunas compañías a trasladar sus proyectos a otros países europeos.
La futura regulación determinará, por tanto, qué tipo de centros de datos podrán desarrollarse en España y bajo qué condiciones. Su éxito dependerá de que consiga proteger el medio ambiente y la información sensible sin frenar la oportunidad que representa la expansión de la inteligencia artificial.
