España aprueba un decreto para acelerar la inteligencia artificial y los chips frente a la dependencia tecnológica
El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley para impulsar la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial, semiconductores y computación cuántica. La medida contempla la creación de hasta 20 centros públicos de interés nacional, una mayor flexibilidad para los organismos científicos y nuevos incentivos fiscales para la innovación.
El objetivo declarado es reforzar la soberanía tecnológica de España y reducir su dependencia de empresas y proveedores extranjeros. Sin embargo, el paquete llega sin una dotación presupuestaria nueva y queda pendiente de validación parlamentaria en un contexto marcado por las elecciones generales del 29 de noviembre.
Hasta 20 centros estratégicos con más autonomía
La principal novedad del decreto es la creación de una red de hasta 20 centros públicos considerados de interés nacional. Estos organismos se distribuirán entre diez áreas estratégicas, entre ellas la inteligencia artificial, los chips, la energía y las tecnologías cuánticas.
La inteligencia artificial engloba los sistemas capaces de analizar datos, aprender patrones y realizar tareas que normalmente requieren capacidades humanas, como comprender lenguaje, reconocer imágenes o tomar decisiones. Los semiconductores, por su parte, son los materiales y componentes esenciales para fabricar procesadores, memorias y buena parte de los dispositivos electrónicos actuales.
La computación cuántica utiliza principios de la física cuántica para procesar información de una forma diferente a los ordenadores convencionales. Aunque todavía se encuentra en una fase experimental, puede tener aplicaciones futuras en áreas como la criptografía, la simulación científica, la logística y el descubrimiento de medicamentos.
Los centros seleccionados dispondrán de más margen para contratar personal, comprar equipamiento y transferir sus resultados al mercado. El estatus especial tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de ampliarse otros cinco. El decreto, no obstante, no detalla todavía el procedimiento concreto para elegir qué centros recibirán esta consideración.
El Barcelona Supercomputing Center gana peso institucional
El texto también modifica la estructura del Barcelona Supercomputing Center, uno de los principales centros españoles de computación científica. La entidad pasará a configurarse como fundación pública adscrita a la Administración General del Estado.
Este cambio permitirá reforzar su capacidad operativa y contempla la posibilidad de crear una empresa destinada a comercializar los resultados de sus investigaciones. La transferencia tecnológica, es decir, el proceso por el que un avance científico llega a una empresa o se convierte en un producto, es uno de los puntos débiles habituales del sistema español de innovación.
Menos trámites y más ventajas fiscales para la I+D
El real decreto-ley pretende simplificar los procedimientos administrativos relacionados con los contratos de investigación, desarrollo e innovación. También permitirá ofrecer salarios más competitivos a investigadores cuyos puestos estén financiados con fondos externos.
En el ámbito fiscal, la deducción por actividades de I+D aumentará del 12 % al 15 %. Además, las empresas emergentes que todavía no tengan beneficios podrán aplicar deducciones de hasta tres millones de euros al año, frente al límite anterior de un millón.
La medida busca facilitar la supervivencia de las startups tecnológicas durante sus primeros años. Muchas compañías de este tipo necesitan invertir durante largos periodos en equipos, talento y desarrollo antes de generar ingresos, especialmente en sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología o los chips.
El decreto no incorpora financiación adicional
El principal interrogante del plan es económico. El Gobierno no ha anunciado una partida presupuestaria nueva vinculada directamente al decreto. Su aplicación se apoyará en programas y fondos ya aprobados, entre ellos la Estrategia Deep Tech España, que prevé movilizar más de 8.000 millones de euros hasta 2030.
A ese marco se suma una aportación de 300 millones de euros para las gigafactorías europeas de inteligencia artificial aprobada en junio. Estas instalaciones aspiran a concentrar grandes capacidades de cálculo y centros de datos para entrenar modelos avanzados de IA, una infraestructura que exige inversiones muy elevadas en energía, procesadores y refrigeración.
El desfase de inversión sigue siendo relevante. España destinó el 1,50 % de su producto interior bruto a investigación y desarrollo en 2024, frente a una media aproximada del 2,2 % en la Unión Europea. El objetivo nacional es alcanzar el 2,12 % en 2027.
Una aprobación condicionada por las elecciones
La tramitación añade incertidumbre al proyecto. Con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral, el decreto deberá ser validado por la Diputación Permanente en un plazo máximo de 30 días. El próximo Gobierno también podría modificar su contenido o cambiar las prioridades de inversión.
El Ejecutivo presenta la iniciativa como un paso hacia una mayor independencia tecnológica. La intención es que España y Europa no queden condicionadas por las decisiones de grandes multinacionales o por proveedores extranjeros de servicios en la nube, procesadores y sistemas de inteligencia artificial.
Las reformas administrativas y fiscales pueden ayudar a aprovechar mejor el talento científico y a acelerar la llegada de la innovación al mercado. Sin embargo, la construcción de fábricas de semiconductores, centros de datos y plataformas de computación cuántica requiere inversiones sostenidas de miles de millones de euros.
Por eso, el decreto supone una declaración de prioridades más que una garantía de transformación inmediata. Su impacto dependerá de que los centros reciban recursos estables, de que la financiación anunciada se ejecute y de que el próximo Gobierno mantenga el rumbo. La soberanía tecnológica exige reformas, pero también presupuesto, continuidad y capacidad industrial.
