La UE confirma 10.200 millones en gasto corriente

La UE confirma que España destinó más de 10.000 millones de los fondos europeos a gasto corriente

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Resumen del dato europeo

La Comisión Europea ha avalado, con datos homogeneizados publicados por Eurostat, que España empleó
10.200 millones de euros de los fondos Next Generation en gasto corriente
durante los cinco primeros años del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esa cantidad representa el 22,5% de los 45.054 millones de euros ejecutados por el país
hasta el 31 de diciembre de 2025. En otras palabras, casi tres de cada diez euros
utilizados con cargo a estos fondos se habrían destinado a sufragar el funcionamiento habitual de la Administración y otras partidas ordinarias.

La lectura política de los datos es clara: una parte relevante de unos recursos concebidos para inversión y transformación
se ha empleado también para cubrir necesidades presupuestarias corrientes.

Qué se considera gasto corriente

El gasto corriente es aquel que asume la Administración para mantener su actividad diaria. Incluye, entre otros conceptos,
salarios, gastos administrativos, prestaciones y costes operativos. A diferencia de la inversión, no deja nuevos activos
ni genera infraestructuras o bienes permanentes.

El punto más controvertido es que parte de esos fondos europeos terminó cubriendo partidas como el pago de pensiones.
En 2024, el Ejecutivo reconoció que había destinado alrededor de 2.300 millones de euros procedentes de los Next Generation
a esa finalidad, alegando el estrecho margen presupuestario derivado de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Entonces, Moncloa defendió que se trataba de una medida “puntual y excepcional”. Sin embargo, los datos difundidos ahora por Eurostat
apuntan a que no fue un hecho aislado, sino una práctica mantenida durante varios ejercicios consecutivos.

Reparto anual de los fondos

Los registros comunitarios detallan el reparto anual del gasto corriente financiado con estos recursos:

La Comisión Europea subraya que esta comparación es especialmente relevante porque, por primera vez, permite una medición
homogénea entre todos los países de la Unión Europea. Bajo ese criterio común, España queda en una posición
desfavorable tanto por el peso del gasto corriente dentro de lo ejecutado como por su ritmo general de despliegue.

Lenta ejecución y volumen pendiente

Más allá del destino concreto de parte del dinero, los datos europeos también vuelven a poner de relieve la lentitud
con la que avanza la aplicación del plan en España. A falta de ocho meses para la fecha de cierre definitiva, el país todavía tendría
por ejecutar cerca de 57.000 millones de euros.

Esa cifra ha encendido las alarmas en instituciones comunitarias y en sectores empresariales y económicos que esperaban que estos recursos
impulsaran con mayor rapidez inversiones en digitalización, infraestructuras, competitividad
y otros ámbitos estratégicos.

La percepción en esos ámbitos es que el ritmo de despliegue ha sido más lento de lo previsto, lo que limita el impacto de unos fondos
llamados a actuar como palanca de modernización tras la crisis provocada por la pandemia.

Críticas a la gestión del Gobierno

La oposición y distintos analistas económicos sostienen que estos datos cuestionan parte del discurso del Ejecutivo sobre el supuesto éxito
de la gestión de los fondos europeos. En su interpretación, el Gobierno habría terminado utilizando unos recursos extraordinarios,
diseñados para transformar la economía, como apoyo para aliviar tensiones presupuestarias y sostener gasto ordinario.

Las críticas se intensifican en un momento especialmente delicado para el PSOE, marcado por la presión política, varias investigaciones judiciales
y un creciente debate sobre la transparencia en la gestión pública. En ese contexto, la publicación de los datos de Eurostat añade un nuevo frente
a la discusión sobre la forma en que el Gobierno ha administrado uno de los principales instrumentos financieros puestos a disposición de España
por la Unión Europea.

Los números conocidos ahora refuerzan la idea de que una parte importante de los fondos no se ha dirigido exclusivamente a proyectos de inversión
con efectos duraderos, sino también a cubrir necesidades corrientes del Estado. Ese uso, aunque defendido por el Gobierno en determinados momentos,
choca con la finalidad inicial con la que Bruselas articuló el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Un debate que sigue abierto

La confirmación de la Comisión Europea no cierra la polémica, sino que la amplía. Por un lado, pone negro sobre blanco el peso que ha tenido
el gasto corriente dentro del total ejecutado por España. Por otro, deja en evidencia la distancia entre el diseño del plan europeo y parte
de su aplicación práctica en el país.

Con más de 45.000 millones de euros ya ejecutados y casi 57.000 millones pendientes aún de gastar,
la discusión sobre la eficacia real del plan, la velocidad de su despliegue y el destino final de los recursos seguirá ocupando la agenda
política y económica en los próximos meses.

La revisión de Eurostat se convierte así en un nuevo argumento en el debate sobre la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno
de Pedro Sánchez, en un momento en el que la ejecución del Plan de Recuperación continúa bajo la lupa de Bruselas, de la oposición y
de buena parte del tejido empresarial.

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Fuente original: edatv.news