La inteligencia artificial acelera el cambio de modelo en los grandes despachos de abogados
Miguel Zaldívar, CEO del despacho transatlántico Hogan Lovells Cadwalader, advierte de que la abogacía afronta una transformación profunda. A su juicio, muchas firmas no sobrevivirán si no adaptan su estructura y su relación con los clientes al avance de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial.
El ejecutivo considera que el tradicional modelo de facturación por horas tiene los días contados. En su lugar, ganarán peso los precios fijos y los honorarios vinculados al resultado, una evolución que obligará a los despachos a controlar mejor sus costes, automatizar procesos y medir con precisión el valor que aportan.
La facturación por horas pierde atractivo
Durante décadas, cobrar por el tiempo dedicado a cada asunto ha sido una de las bases económicas de la abogacía empresarial. Sin embargo, la expansión de las herramientas de inteligencia artificial permite revisar documentos, localizar precedentes, preparar informes y acelerar tareas de análisis que antes exigían numerosas horas de trabajo.
Esta nueva realidad dificulta justificar ante los clientes una factura calculada exclusivamente a partir del tiempo empleado. Si una tecnología permite resolver una parte relevante del trabajo en menos horas, el ahorro de productividad no puede traducirse automáticamente en una menor rentabilidad para el despacho bajo el modelo tradicional.
La alternativa pasa por ofrecer servicios con un coste definido desde el inicio o por vincular parte de los honorarios al éxito del encargo. Este cambio desplaza el foco desde las horas facturables hacia la eficiencia, la especialización y la capacidad de obtener resultados.
La tecnología como factor de supervivencia
Zaldívar sostiene que el impacto de la tecnología no será gradual ni limitado a determinados departamentos. La inteligencia artificial puede modificar la organización interna de los bufetes, la composición de sus equipos y la forma en la que se prestan los servicios jurídicos a empresas y particulares.
La advertencia es especialmente relevante para las firmas que basan su crecimiento en aumentar el número de profesionales y las horas imputadas a cada expediente. Si la automatización permite hacer más con menos recursos, ese modelo puede perder competitividad frente a despachos capaces de integrar tecnología, conocimiento jurídico y procesos más ágiles.
El reto no consiste únicamente en adquirir nuevas plataformas. Los despachos tendrán que revisar sus procedimientos, formar a sus abogados y establecer controles para garantizar la calidad, la confidencialidad y la seguridad de la información. En el ámbito jurídico, además, cualquier herramienta debe utilizarse con supervisión profesional y responsabilidad.
Precios cerrados y honorarios a éxito
El avance hacia los precios fijos puede cambiar la relación entre los clientes y sus asesores legales. Una tarifa cerrada aporta previsibilidad presupuestaria y facilita la comparación entre proveedores, mientras que los honorarios a éxito alinean parte de la remuneración con el resultado obtenido.
Para los despachos, esta fórmula implica asumir una mayor responsabilidad sobre la gestión del asunto. El margen ya no dependerá solo del número de horas dedicadas, sino de la capacidad para estimar riesgos, planificar recursos y aprovechar la automatización sin comprometer la calidad del asesoramiento.
Este escenario también puede favorecer una mayor transparencia en el mercado legal. Los clientes podrán exigir propuestas más claras, con servicios definidos, objetivos concretos y costes previsibles. A cambio, las firmas tendrán que demostrar qué elementos diferencian su trabajo en un entorno en el que parte de las tareas rutinarias estarán cada vez más automatizadas.
La presión de los fondos de inversión
La transformación tecnológica coincide con otro movimiento de fondo: el interés de los inversores por el sector jurídico. Los fondos pueden aportar capital para crecer, comprar tecnología o acelerar la expansión internacional, pero también introducen exigencias de rentabilidad y una lógica financiera que no todos los despachos están dispuestos a asumir.
El CEO asegura que, por ahora, ha rechazado la entrada de fondos en su firma. La decisión refleja una posición prudente ante un modelo que puede ofrecer recursos para la modernización, aunque también puede condicionar la estrategia, la gobernanza y las prioridades del despacho.
La discusión sobre la inversión externa se suma así al debate sobre la independencia profesional. Las firmas deben decidir si prefieren financiar su transformación con recursos propios, asociarse con inversores o buscar fórmulas intermedias que les permitan mantener el control sobre sus decisiones.
Una nueva competencia para la abogacía
La combinación de inteligencia artificial, nuevos esquemas de precios y capital externo puede redefinir el mapa de la abogacía empresarial. Las grandes marcas seguirán teniendo peso, pero ya no bastará con disponer de una amplia plantilla o de una red internacional. La eficiencia tecnológica será un factor decisivo para competir.
En este contexto, Zaldívar lanza un mensaje contundente: las firmas que no se adapten corren el riesgo de quedar fuera del mercado. La tecnología no sustituirá de forma inmediata el criterio jurídico, la negociación o la confianza del cliente, pero sí puede transformar las tareas que sostienen buena parte del negocio.
El futuro del sector estará marcado por despachos más automatizados, modelos de cobro menos ligados a las horas y clientes con mayores expectativas de transparencia. Para las firmas, la cuestión ya no es si deben cambiar, sino a qué velocidad serán capaces de hacerlo.
