De la riada del Poyo a las inundaciones de Oliva y Gandía: 720 días para aprender de una catástrofe
Entre la riada del Poyo, en Valencia, y las inundaciones que han afectado a la zona de Oliva y Gandía han transcurrido 720 días. Dos episodios separados por casi dos años, pero unidos por una misma realidad: la vulnerabilidad de la costa valenciana ante los fenómenos meteorológicos extremos.
La comparación entre ambos episodios se ha instalado en el debate público por una razón evidente. Mientras la dana de 2024 quedó asociada a una emergencia de enormes consecuencias, la respuesta posterior a Adam ha sido calificada por algunos como un milagro. Sin embargo, el contraste no debería limitarse al resultado final. También obliga a revisar la prevención, la coordinación institucional y la capacidad de reacción.
Dos emergencias, dos territorios expuestos
La riada del Poyo golpeó con especial intensidad el entorno de Valencia. Aquel episodio mostró hasta qué punto una avenida de agua puede desbordar las previsiones y convertir cauces, barrancos y zonas urbanizadas en espacios de alto riesgo en cuestión de horas.
En 2026, las inundaciones vinculadas a Adam se han concentrado en la zona de Oliva y Gandía, en el sur de la provincia de Valencia. Se trata de un territorio familiarizado con los temporales, pero no por ello ajeno a sus efectos. La orografía, la proximidad al mar, la presencia de barrancos y la presión urbanística forman una combinación que puede agravar cualquier episodio de lluvias intensas.
La diferencia geográfica es importante, pero no suficiente para explicar la evolución de ambos sucesos. Cada dana presenta una trayectoria, una intensidad y una duración distintas. También cambia el nivel de alerta, la información disponible y la rapidez con la que las administraciones pueden trasladar las advertencias a la población.
El factor decisivo: anticiparse al agua
Una emergencia no empieza cuando el agua entra en las viviendas o corta una carretera. Comienza antes, con la vigilancia meteorológica, los avisos a los municipios, la limpieza de los cauces y la preparación de los servicios públicos.
La experiencia de 2024 puso sobre la mesa la importancia de que las alertas sean claras, lleguen a tiempo y se traduzcan en decisiones concretas. No basta con emitir un aviso si la ciudadanía no sabe qué debe hacer, si los mensajes se contradicen o si las competencias entre administraciones se diluyen durante las horas críticas.
En el episodio de Adam, la percepción de que el desenlace pudo ser menos grave se ha presentado como un éxito. Pero cualquier balance riguroso debe analizar qué elementos funcionaron: la previsión, los sistemas de alerta, la suspensión de actividades, el cierre de vías de riesgo y la coordinación entre los organismos implicados.
La gestión pública, bajo examen
Las dos inundaciones también plantean una cuestión política y administrativa: quién decide, quién informa y quién responde cuando las medidas llegan tarde. La gestión de una dana exige cooperación entre el Estado, la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos. Cuando esa cadena falla, las consecuencias pueden multiplicarse.
La transparencia resulta esencial para evitar que cada episodio termine reducido a una disputa partidista. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuándo se activaron los protocolos, qué información recibió cada administración y qué decisiones se adoptaron antes, durante y después de la emergencia.
También deben revisarse las inversiones destinadas a prevención. Mantener barrancos, mejorar los sistemas de drenaje, proteger las infraestructuras críticas y ordenar el territorio no ofrece réditos políticos inmediatos, pero puede marcar la diferencia ante una lluvia extrema.
El reto de no convertir la excepción en rutina
Presentar una emergencia como un milagro puede transmitir una sensación de alivio, pero también corre el riesgo de ocultar las carencias que siguen pendientes. La ausencia de una catástrofe mayor no demuestra por sí sola que el sistema sea suficiente. Puede significar que las condiciones fueron distintas, que las decisiones fueron más rápidas o que varios factores evitaron un desenlace peor.
Por eso, el balance de Adam debe ser técnico y público. Las administraciones deberían explicar qué funcionó y qué no, publicar los informes disponibles y convertir las conclusiones en medidas verificables. Sin esa revisión, cada nueva dana volverá a presentarse como un episodio imprevisible, aunque existan antecedentes suficientes para prepararse.
720 días después, la lección sigue pendiente
La distancia temporal entre la riada del Poyo y las inundaciones de Oliva y Gandía no elimina las responsabilidades. Al contrario, permite comprobar si las lecciones aprendidas se han incorporado realmente a la gestión de las emergencias.
La pregunta clave no es si Adam fue un milagro, sino si la sociedad valenciana está mejor protegida que hace 720 días. La respuesta dependerá de la calidad de las alertas, de la coordinación institucional y de la voluntad de invertir en prevención antes de que vuelva a subir el agua.
