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Pedraz da 15 días al PSOE para entregar los contratos de sus abogados en el caso cloacas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado al PSOE un plazo de 15 días para que entregue los contratos suscritos con sus abogados en el marco de la investigación del denominado caso cloacas. La decisión llega después de que el partido planteara nuevas objeciones sobre el requerimiento judicial y defendiera la necesidad de consultar previamente a la Abogacía.

El magistrado considera que esa consulta no puede convertirse en un motivo para paralizar las diligencias. En su resolución, rechaza los argumentos trasladados por Ferraz y reprocha a la formación que intente reabrir artificialmente un debate que ya había quedado resuelto.

Un requerimiento con plazo concreto

La orden judicial fija un plazo de dos semanas para que el PSOE aporte la documentación solicitada. El requerimiento se centra en los contratos de los profesionales que ejercen la defensa jurídica del partido, una información que el juzgado considera necesaria para avanzar en la investigación.

La decisión de Pedraz pretende evitar nuevas demoras en la entrega de los documentos. El juez entiende que la petición de asesoramiento a la Abogacía no altera el contenido de la orden ni justifica suspender su cumplimiento mientras se analiza la cuestión.

De este modo, el PSOE deberá atender el mandato judicial dentro del plazo establecido o explicar, en su caso, las razones concretas que le impidan hacerlo. La resolución deja claro que la investigación seguirá su curso sin quedar supeditada a consultas adicionales promovidas por la formación política.

El juez descarta paralizar la investigación

Uno de los puntos centrales de la resolución es la negativa del magistrado a aceptar que una consulta a la Abogacía pueda frenar las actuaciones. Para Pedraz, esa iniciativa no introduce un elemento nuevo que obligue a revisar la decisión anterior ni modifica las obligaciones documentales del partido.

El juez considera que los argumentos del PSOE buscan volver sobre una cuestión que ya había sido examinada. Su reproche a Ferraz se dirige precisamente contra ese intento de reabrir el debate por una vía indirecta, mediante una consulta que, a su juicio, carece de capacidad para suspender el requerimiento.

La resolución refuerza así la posición del juzgado frente a las maniobras procesales que puedan retrasar la incorporación de documentación a la causa. El objetivo inmediato es que los contratos lleguen al procedimiento y puedan ser analizados en el contexto de las diligencias abiertas.

Los contratos de los abogados, en el foco

La documentación reclamada permitirá conocer las condiciones de la asistencia jurídica contratada por el PSOE y delimitar el alcance de su intervención en el procedimiento. El requerimiento se refiere a los contratos, no solo a una explicación general sobre la defensa del partido.

La entrega de esos documentos puede aportar información sobre la relación profesional establecida, los servicios encargados y las condiciones económicas pactadas. Cualquier valoración sobre su relevancia deberá realizarse una vez que el juzgado disponga de la documentación y pueda examinarla dentro de la causa.

Por ahora, la resolución no anticipa las consecuencias de un eventual incumplimiento. El PSOE dispone de 15 días para responder al requerimiento y entregar los contratos o formular las alegaciones que considere oportunas, siempre dentro del marco fijado por el juzgado.

Una advertencia a Ferraz

El pronunciamiento de Pedraz supone una advertencia expresa al partido: las discrepancias sobre el alcance del requerimiento no pueden prolongarse indefinidamente ni utilizarse para detener la investigación. El juez reclama que el PSOE cumpla la orden en los términos establecidos.

La decisión también delimita el papel de la Abogacía en este episodio. Su eventual pronunciamiento podrá ser valorado, pero no constituye, según el magistrado, una condición previa para que el partido atienda la petición judicial. La consulta no suspende el plazo ni deja sin efecto el mandato.

Con esta resolución, el caso cloacas mantiene su calendario procesal y sitúa al PSOE ante una obligación concreta: aportar en las próximas dos semanas los contratos de sus abogados. El juzgado espera ahora que la formación cumpla el requerimiento y permita continuar el análisis de la documentación sin nuevas interrupciones.

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