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El Gobierno garantiza una subida del 4,5% para los funcionarios en 2027 pese al adelanto electoral

El Gobierno ha garantizado a los sindicatos de la Administración General del Estado que la subida salarial pactada para los empleados públicos se aplicará en 2027, aunque la convocatoria anticipada de elecciones generales altere el calendario político. El incremento previsto alcanza el 4,5% para el próximo ejercicio.

El compromiso fue trasladado este lunes a los representantes de CCOO, UGT y CSIF durante una reunión de seguimiento del acuerdo marco suscrito en noviembre de 2025. El encuentro estuvo organizado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La confirmación pretende despejar las dudas que la convocatoria electoral había generado entre los trabajadores de la Administración del Estado. Los sindicatos habían reclamado garantías para evitar que el proceso electoral paralizase o retrasase las mejoras salariales ya pactadas.

Una subida pactada para 2027

El aumento del 4,5% forma parte del acuerdo marco alcanzado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales en noviembre del año pasado. Ese pacto fijó la evolución retributiva de los empleados públicos y estableció las condiciones generales para aplicar las subidas comprometidas.

Según lo trasladado por el Ministerio, la convocatoria de elecciones generales anticipadas no impedirá que el incremento se haga efectivo. El Gobierno sostiene así que el acuerdo mantiene su vigencia y que la subida salarial prevista para 2027 seguirá adelante.

La medida afecta a los funcionarios de la Administración del Estado incluidos en el ámbito del acuerdo. La aplicación concreta deberá desarrollarse conforme a los procedimientos presupuestarios y administrativos correspondientes, aunque el Ejecutivo ha querido dejar claro que el compromiso político permanece intacto.

Los sindicatos reclaman que se cumpla el acuerdo

La reunión de seguimiento sirvió para revisar el grado de cumplimiento del acuerdo marco y abordar el impacto del adelanto electoral. Las organizaciones sindicales consideran esencial que los cambios de Gobierno o los periodos electorales no pongan en riesgo los compromisos adquiridos con los empleados públicos.

CCOO, UGT y CSIF han recibido la garantía ministerial como una señal de continuidad de la negociación alcanzada en 2025. Para las centrales, la subida del 4,5% debe quedar protegida frente a cualquier bloqueo institucional derivado de la disolución de las Cortes o de la formación del próximo Ejecutivo.

El incremento salarial se enmarca en las medidas destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos y a ofrecer una referencia retributiva estable para los próximos ejercicios. La evolución de los precios y la situación económica han situado los salarios de los funcionarios en el centro de la agenda sindical.

El adelanto electoral no modifica, por ahora, el calendario

La convocatoria de elecciones introduce incertidumbre sobre la aprobación de nuevas normas y sobre la gestión de los presupuestos públicos. Sin embargo, el Ministerio ha defendido que la subida de 2027 ya está contemplada en el acuerdo marco y que su ejecución no debe quedar condicionada por el resultado electoral.

La garantía comunicada a los sindicatos no supone, por sí sola, el detalle de todos los trámites necesarios para materializar el incremento. Será preciso concretar su incorporación a los instrumentos presupuestarios y retributivos que correspondan, así como su aplicación a los distintos colectivos de la Administración del Estado.

El Ministerio no ha comunicado cambios en el porcentaje pactado ni en el horizonte temporal previsto. De este modo, el aumento del 4,5% continúa siendo la referencia para 2027, a la espera de que se complete la tramitación administrativa necesaria.

Un compromiso que quedará bajo vigilancia sindical

Las organizaciones sindicales mantendrán el seguimiento del acuerdo durante los próximos meses para comprobar que la subida se incorpora efectivamente a las nóminas de los funcionarios. La vigilancia será especialmente intensa durante el periodo electoral y durante la posterior formación del Gobierno.

El Ejecutivo, por su parte, ha trasladado que la celebración de elecciones no altera la obligación de cumplir los compromisos alcanzados con los representantes de los empleados públicos. La principal incógnita queda ahora vinculada al calendario de ejecución y a los pasos administrativos que deberán completarse antes de 2027.

Con la garantía ofrecida, el Gobierno busca cerrar uno de los principales focos de incertidumbre abiertos tras el adelanto electoral. Los funcionarios cuentan, al menos por ahora, con el compromiso de que la subida salarial del 4,5% en 2027 se mantendrá vigente y será aplicada conforme a lo pactado.

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