El pasado 11 de septiembre la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación por supuesta delincuencia organizada en contra del ex presidente, Rafael Correa, vinculado a delitos de corrupción realizados en conjunto con la empresa brasileña Odebrecht. En el caso también se mencionó a siete ex funcionarios públicos que ejercieron su labor durante el gobierno del ex mandatario.
La medida que presentó la Fiscalía responde a la denuncia realizada el pasado mes de marzo por el líder político y ex asambleísta, César Montúfar, quien pidió a los organismos que se encargan de impartir justicia en el país que investigara el caso de corrupción que lideró Odebrecht, compañía que otorgó cantidades exorbitantes de dinero a diversos funcionarios públicos a cambio de obras del Estado.
“Lo que se ha demostrado es que durante el Gobierno de Rafael Correa, la corrupción no fue un hecho aislado sino que se trataba de un esquema organizado, de corrupción institucional” — Carlos Montúfar, ex asambleísta Ecuatoriano
La investigación incluye además al ex vicepresidente, Jorge Glas, quien actualmente está en prisión tras ser condenado a seis años en diciembre de 2017, esto por el crimen de asociación ilícita dentro de la trama de sobornos de la empresa brasileña. Asimismo, se investigará al secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; al ex ministro del Interior, José Serrano; a los ex fiscales generales, Carlos Baca y Galo Chiriboga; al ex contador, Carlos Pólit y al ex procurador, Diego García.
Montúfar realizó declaraciones para la radio Sonorama, donde expresó que se logró «una estructura delictiva operando desde la cúpula del Estado ecuatoriano, que tenía el poder de cambiar la ley, las instituciones para reemplazar funcionarios en perspectiva de generar las condiciones más favorables para que se institucionalice la corrupción en el país». De igual forma, destacó que después de dos años de investigación el Estado aún no ha recuperado nada de los millones que se robaron en corrupción.
Investigaciones a Correa
El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, gobernó el país meridional durante una década, desde 2007 hasta 2017 y luego de su sustitución en el cargo de primer mandatario, Lenín Moreno, se mudó con su familia a Bélgica donde reside actualmente.
Desde el país europeo ha rechazado cualquier denuncia de corrupción que se le ha presentado tras dejar su puesto en el Gobierno y ha señalado que las denuncias que se presentan en su contra no son más que una represalia política para manchar su nombre. En este sentido, el político ha tenido que rendir declaraciones en varias oportunidades en el último año, por diferentes procesos de investigación, pero es la primea vez que se le vincula con el caso Odebrecht.
El pasado 18 de junio, la juez de la Corte Nacional decretó que Correa debía comparecer ante la justicia en Quito cada 15 días, luego de que se le dictase prisión preventiva por su supuesta implicación en el secuestro del ex legislador de la oposición, Fernando Balda.
Sin embargo, el ex presidente se negó a cumplir con la medida tomate por la corte y se presentó en el Consulado de Ecuador en Bruselas, ciudad donde reside desde que terminó su mandato. Luego del incumplimiento del líder político, la Fiscalía solicitó endurecer la medida cautelar y emitió una orden de alerta roja a la Interpol para capturarlo y extraditarlo, aunque no se logró el cometido.
