Consultar dudas legales a la IA: para qué sirve, qué errores han llegado a los tribunales y cómo comprobarlos en el BOE
Los chatbots de inteligencia artificial pueden traducir una norma jurídica a un lenguaje comprensible, pero no son una fuente fiable para obtener citas legales. Los tribunales ya han detectado cientos de escritos con artículos, sentencias o resoluciones inventadas por sistemas como ChatGPT, Gemini y otros asistentes.
A noviembre de 2026, un registro internacional reunía 2.292 resoluciones en las que un juez o tribunal había constatado, o dado a entender, que una de las partes había utilizado contenido jurídico generado por una IA sin comprobarlo. Ocho de esos casos corresponden a España.
La IA ayuda a entender, pero no debe decidir por ti
Una consulta a un chatbot puede resultar útil como primer paso ante una duda sobre un contrato de alquiler, una multa, una herencia o una reclamación. Su principal ventaja es explicar conceptos jurídicos complejos con palabras sencillas y ayudar a identificar qué documentos o preguntas conviene preparar.
Sin embargo, no debería utilizarse para obtener un veredicto sobre un caso concreto ni para redactar un escrito que vaya a presentarse ante un juzgado sin revisión profesional. La inteligencia artificial genera respuestas a partir de patrones estadísticos del lenguaje. No comprende los hechos como lo haría un abogado, no siempre conoce la normativa más reciente y puede presentar como cierta una información falsa.
Este tipo de errores recibe el nombre de alucinaciones de IA. Se producen cuando el sistema inventa datos, artículos, sentencias o enlaces y los expresa con seguridad. El problema se agrava en el ámbito legal, donde una cita incorrecta puede cambiar por completo el sentido de un argumento o perjudicar a quien la utiliza.
Además, los chatbots tienden en ocasiones a ser complacientes. Si el usuario formula la pregunta como si ya tuviera razón, por ejemplo, preguntando si puede reclamar, el sistema puede confirmar esa premisa sin analizar suficientemente las condiciones, los plazos o las excepciones aplicables.
Un abogado citó el Código Penal de otro país
Uno de los casos más relevantes en España aparece en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 4 de septiembre de 2024, con referencia ECLI:ES:TSJNA:2024:38A.
Un abogado presentó una querella en la que citaba como si perteneciera al Código Penal español un artículo del Código Penal de Colombia. Según el auto, el propio letrado explicó que había recibido el texto de ChatGPT debido a un uso inadecuado de la herramienta en su despacho y presentó sus disculpas de forma inmediata.
El tribunal archivó la pieza sin imponer una multa, entre otros motivos por la reacción rápida del abogado y por tratarse de una tecnología todavía novedosa. No obstante, advirtió de que el uso descuidado de estos sistemas puede constituir un ejemplo claro de mala fe procesal.
El artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla multas de entre 180 y 6.000 euros en determinados supuestos relacionados con el uso indebido de las reglas de la buena fe procesal.
El auto también recoge el conocido caso Avianca, en Estados Unidos, donde un juez federal impuso en 2023 una sanción de 5.000 dólares por incluir en un escrito referencias judiciales inexistentes generadas mediante ChatGPT.
En Navarra se produjo además otro episodio en 2025. Una abogada incorporó a un recurso ocho citas inventadas de sentencias atribuidas al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y a varios tribunales superiores. La pieza sancionadora terminó archivada después de que la profesional reconociera el error y se disculpara rápidamente.
Cómo comprobar una respuesta de IA en el BOE
Antes de dar por buena cualquier referencia legal proporcionada por un chatbot, conviene hacer tres comprobaciones: que la norma existe, que el artículo dice realmente lo que afirma la IA y que la redacción consultada sigue vigente.
1. Buscar la norma consolidada
El primer paso consiste en localizar la ley en el apartado de legislación consolidada del BOE. Los textos consolidados incorporan las modificaciones aprobadas con posterioridad a la publicación original.
En la cabecera aparece la fecha de la última actualización. Si la norma no existe, el número del artículo no coincide o el título no aparece en el buscador oficial, conviene detener la consulta y no utilizar esa referencia.
2. Leer el artículo completo
No basta con comparar el resumen ofrecido por el chatbot. Hay que abrir el precepto exacto y leerlo dentro de su contexto. La numeración puede variar entre países y una misma materia puede estar regulada por leyes diferentes.
El caso del Código Penal colombiano demuestra por qué esta comprobación es esencial: una lectura directa del texto oficial habría revelado que el artículo citado no pertenecía a la legislación española.
3. Revisar la versión vigente
El BOE permite consultar distintas redacciones de numerosos artículos mediante la opción Seleccionar redacción. Esta función muestra el texto aplicable en cada fecha y permite detectar otro error frecuente de la IA: utilizar una versión antigua como si siguiera vigente.
El apartado Análisis de cada norma también indica qué disposiciones la han modificado. Para una consulta general, los Códigos electrónicos de la Biblioteca Jurídica Digital del BOE reúnen las principales normas por áreas del Derecho y permiten activar alertas mediante Mi BOE.
Las sentencias se comprueban en el CENDOJ
Cuando el chatbot cita una resolución judicial, la comprobación debe hacerse en el buscador del Consejo General del Poder Judicial, el CENDOJ. La búsqueda puede realizarse por tribunal, fecha, número de resolución o tipo de procedimiento.
Si una sentencia no aparece en las bases oficiales, debe tratarse como dudosa hasta encontrar una confirmación fiable. Una referencia inventada puede parecer verosímil porque incluye nombres de tribunales, fechas y números de expediente, pero esos detalles también pueden ser fabricados por el sistema.
La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para preparar una consulta y comprender el lenguaje jurídico. No sustituye el asesoramiento profesional ni la revisión de las fuentes oficiales. Para quienes no puedan asumir el coste de un abogado, la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita contempla el asesoramiento y la orientación previos al proceso cuando se cumplen sus requisitos.
