Nuria Martínez reclama una alianza entre instituciones, universidades y colegios profesionales para orientar la tecnología en la justicia
La transformación tecnológica de la justicia necesita algo más que nuevas herramientas digitales. También requiere criterios jurídicos, garantías para la ciudadanía y una coordinación estable entre quienes diseñan las políticas públicas, quienes investigan y quienes ejercen las profesiones vinculadas al Derecho. Esa fue una de las principales ideas planteadas por la consellera Nuria Martínez durante un encuentro celebrado en el Colegio Notarial de Valencia.
La jornada puso sobre la mesa una cuestión cada vez más relevante: cómo modernizar la Administración de Justicia sin poner en riesgo los derechos fundamentales. La digitalización puede agilizar trámites, mejorar el acceso a la información y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con las instituciones, pero también introduce nuevos desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad y la responsabilidad.
Una tecnología con orientación jurídica
Martínez defendió la necesidad de unir a las administraciones, las universidades y los colegios profesionales para que la evolución tecnológica avance con una base jurídica sólida. La colaboración entre estos ámbitos permitiría anticipar riesgos, compartir conocimiento y diseñar soluciones más ajustadas a las necesidades reales de la sociedad.
El planteamiento parte de una premisa sencilla: la innovación no puede desarrollarse al margen de las normas que protegen a las personas. La inteligencia artificial, la automatización de procesos, la identidad digital o la gestión masiva de datos ofrecen oportunidades para mejorar los servicios públicos, pero exigen controles y mecanismos de supervisión desde el inicio.
En este contexto, los profesionales del Derecho tienen un papel decisivo. Notarios, abogados, procuradores, jueces, funcionarios y otros especialistas no solo deben adaptarse a las nuevas herramientas, sino participar en su definición. Su experiencia permite identificar problemas que pueden pasar inadvertidos en las fases técnicas de un proyecto.
Digitalizar la justicia sin dejar a nadie atrás
Uno de los retos más importantes de la transformación digital es garantizar que el acceso a la justicia no dependa exclusivamente de las competencias tecnológicas de cada persona. La administración electrónica puede simplificar gestiones, reducir desplazamientos y acelerar respuestas, pero debe convivir con alternativas presenciales y con sistemas de asistencia adecuados.
La llamada brecha digital afecta especialmente a las personas mayores, a quienes viven en zonas con peor conectividad y a los colectivos con menos recursos. Por ello, cualquier estrategia de modernización debe incorporar medidas de acompañamiento, canales accesibles y lenguajes comprensibles. La eficiencia tecnológica no puede medirse únicamente por la velocidad de un trámite, sino también por su capacidad para ofrecer un servicio público equitativo.
La protección de los datos personales constituye otro de los pilares de este proceso. Los expedientes judiciales y notariales contienen información especialmente sensible, por lo que su tratamiento debe estar sometido a estrictos protocolos de seguridad. La prevención frente a ciberataques, los controles de acceso y la trazabilidad de las operaciones resultan esenciales para preservar la confianza en las instituciones.
Universidad y colegios profesionales, piezas clave
La cooperación con las universidades puede aportar investigación, análisis independiente y formación especializada. También puede ayudar a evaluar el impacto de las tecnologías antes de implantarlas a gran escala. En áreas como la inteligencia artificial jurídica, la ciberseguridad o la protección de datos, la conexión entre el ámbito académico y la Administración resulta especialmente relevante.
Por su parte, los colegios profesionales pueden actuar como espacios de debate y transferencia de conocimiento. Su participación facilita que las novedades normativas y tecnológicas lleguen a los despachos y servicios públicos, al tiempo que permite trasladar a las instituciones las dificultades detectadas en el ejercicio diario.
Esta colaboración debería traducirse en programas de formación continua, grupos de trabajo multidisciplinares y criterios comunes para el uso responsable de herramientas digitales. También en mecanismos que permitan revisar las decisiones automatizadas y determinar quién responde cuando una aplicación tecnológica produce un error.
Innovación con garantías y supervisión
La incorporación de sistemas automatizados a la justicia plantea preguntas que no son únicamente técnicas. Qué datos se utilizan, cómo se ha entrenado un algoritmo, qué margen de intervención humana existe o cómo puede recurrir una persona una decisión son cuestiones inseparables del Estado de Derecho.
Por este motivo, la tecnología debe entenderse como un instrumento al servicio de la justicia y no como un sustituto de las garantías jurídicas. La supervisión humana, la transparencia y la posibilidad de revisión deben formar parte de cualquier proyecto que afecte a derechos o intereses de la ciudadanía.
El debate celebrado en Valencia refleja una preocupación extendida en el conjunto de las instituciones: avanzar en digitalización, pero hacerlo con una brújula jurídica clara. La coordinación entre administraciones, universidad y profesiones jurídicas se perfila así como una vía para impulsar una justicia más ágil, segura y accesible, sin perder de vista los principios que deben orientar su funcionamiento.
