La comunidad educativa pide medidas concretas para recuperar el rendimiento tras los malos resultados de PISA
Los últimos resultados del informe PISA han abierto un nuevo frente de debate en Cantabria. La caída del rendimiento académico ha provocado una reacción prácticamente unánime entre los distintos sectores de la comunidad educativa, que reclaman abandonar el cruce de responsabilidades y poner en marcha un plan con objetivos verificables, recursos suficientes y seguimiento público.
La Consejería de Educación ha señalado a la aplicación de la Lomloe como uno de los factores que explicarían el retroceso. Sin embargo, docentes, familias y representantes de otros colectivos educativos consideran insuficiente atribuir la situación a una única ley. A su juicio, el deterioro responde a una combinación de problemas acumulados y exige una respuesta más amplia.
Una caída que reabre el debate sobre el sistema educativo
El informe PISA vuelve a situar sobre la mesa las dificultades del alumnado para desenvolverse en competencias esenciales como la comprensión lectora, las matemáticas y las ciencias. Más allá de la posición concreta que ocupe Cantabria, los resultados han servido para evidenciar una tendencia que preocupa en los centros: parte de los estudiantes termina las etapas obligatorias sin haber consolidado aprendizajes fundamentales.
La comunidad educativa reclama que el debate no se limite a buscar culpables. Las leyes educativas, sostienen distintos actores, pueden influir en la organización y en los contenidos, pero no explican por sí solas la evolución del rendimiento. También pesan la falta de estabilidad normativa, la desigualdad social, la atención a la diversidad, la situación de las familias y las condiciones en las que trabaja el profesorado.
En este contexto, ha cobrado fuerza la petición de recuperar una cultura del esfuerzo. El concepto no se plantea como una exigencia aislada al alumnado, sino como la necesidad de reforzar hábitos de estudio, constancia, responsabilidad y expectativas altas. Los profesionales advierten, no obstante, de que ese objetivo debe ir acompañado de apoyos para quienes parten de una situación más vulnerable.
El profesorado reclama estabilidad y menos burocracia
Los docentes consideran que cualquier mejora pasa por dotar a los centros de mayor estabilidad. Los continuos cambios legislativos y metodológicos dificultan la planificación a medio plazo y obligan a dedicar tiempo a tareas administrativas que, según denuncian, restan atención a la enseñanza y al acompañamiento del alumnado.
Entre las medidas que se plantean figuran la reducción de la burocracia, el refuerzo de las plantillas y una mayor presencia de especialistas en orientación, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. También se reclama formación práctica para responder a las nuevas necesidades de las aulas y evaluar qué programas producen resultados reales.
- Planes específicos para mejorar la comprensión lectora y la competencia matemática.
- Refuerzos educativos dentro del horario escolar, especialmente en los primeros cursos.
- Más personal de orientación y apoyo para atender la diversidad.
- Estabilidad en las plantillas y reducción de la carga burocrática.
- Evaluaciones periódicas de las medidas adoptadas y publicación de sus resultados.
Las familias piden más coordinación y exigencia
Las familias también reclaman una estrategia clara. Consideran necesario recuperar una relación más fluida entre los centros y los hogares, con información comprensible sobre la evolución académica y pautas comunes para fomentar el estudio. La implicación familiar, señalan, resulta más difícil cuando existen horarios incompatibles, falta de recursos o problemas de conciliación.
La petición de mayor exigencia no implica ignorar esas desigualdades. Al contrario, uno de los principales riesgos advertidos por la comunidad educativa es que un sistema que eleve las expectativas sin ofrecer apoyos termine ampliando la brecha entre estudiantes. La mejora de los resultados debe medirse junto a la capacidad de garantizar oportunidades similares.
Transparencia para evitar planes que se queden en anuncios
El debate sobre PISA también plantea una cuestión de gestión pública: cómo se decide el destino de los recursos y cómo se comprueba que las políticas educativas funcionan. Los representantes de la comunidad educativa piden que cualquier plan incluya un calendario, indicadores concretos y una evaluación independiente o, al menos, accesible para los centros y las familias.
La transparencia resulta especialmente relevante cuando se anuncian programas de refuerzo, inversiones extraordinarias o cambios metodológicos. No basta con presentar nuevas iniciativas; es necesario conocer su coste, el número de alumnos beneficiados y la evolución de sus resultados. Sin esa información, advierten, las medidas corren el riesgo de convertirse en anuncios sin continuidad.
Un acuerdo que vaya más allá de la Lomloe
La principal conclusión que se desprende de las reacciones es la necesidad de un acuerdo educativo estable. La discusión sobre la Lomloe puede continuar, pero no debería bloquear las actuaciones urgentes en los colegios e institutos. El alumnado necesita respuestas inmediatas y el profesorado, un marco que no cambie con cada legislatura.
Mejorar el rendimiento académico exigirá combinar esfuerzo, apoyo y responsabilidad institucional. También requerirá reconocer los problemas, medir las soluciones y corregir aquello que no funcione. Los resultados de PISA han encendido la alarma; ahora corresponde a la Administración y al conjunto de la comunidad educativa demostrar que el diagnóstico se traduce en decisiones concretas.
