Andalucía ha acusado al Gobierno central de descoordinación y retrasos en las ayudas directas a negocios

Fue expresado por la Junta de Andalucía al Gobierno su malestar por la forma en que se encuentra gestionando el reparto de los 7.000 millones de euros en ayudas directas que ha sido aprobado en el mes que paso. Por medio de una carta que ha sido dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, teniendo fecha de este lunes 12 de abril, la Consejería de Hacienda andaluza ha lanzado al Ejecutivo de toda una batería de reproches al respecto de la forma en que ha llevado el proceso, los incumplimientos en los plazos, la falta de comunicación, y los exigentes criterios que tiene que cumplir autónomos y empresas para lograr percibir el dinero. “El motivo de la presente carta es trasladarle nuestra profunda preocupación por la falta de información y la incertidumbre a la que estamos sometidas las comunidades”, ha afirmado este texto.

Han abarcado estas críticas de forma práctica todo el proceso, desde donde se ha originado. A pesar de que el Gobierno delegó en las comunidades el reparto de los fondos, fue lamentado por Andalucía que fuese excluido a estas del diseño del plan, y que haya sido una decisión que sea unilateral del Consejo de Ministros la que haga que recaiga en estas la responsabilidad de que se despliegue de una forma eficaz el salvavidas público para los sectores más afectados por la pandemia. En la misiva, que ha sido firmada por el consejero Juan Bravo, del Partido Popular, de igual forma han advertido de retrasos en su aplicación. Después de que ya transcurrió un mes desde que ocurrió la publicación del real decreto ley, el plazo límite para la firma de los convenios entre Gobierno y comunidades, han afirmado que desconocen la orden ministerial que va a tener que fijar las cuestiones técnicas, y se han quejado de que no se les remitió un borrador del convenio.

A pesar de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha indicado a la cogobernanza con las comunidades, como una de las fórmulas que son claves de gestión de la pandemia, las ayudas directas, que son muy demandadas desde sectores que se vieron obligados a que eche el cierre debido a los confinamientos, han amenazado con convertirse en un foco nuevo de tensión entre la Administración central y las comunidades, un tanto abrumadas por el reto burocrático que ha supuesto tramitar, pagar y controlar las transferencias, y ha obligado a que se devuelva las subvenciones en caso de que no vayan a ser capaces de gastarlas a tiempo, con el consiguiente coste político que va a suponer tener que explicar a sus ciudadanos que las ayudas no van a llegar por los problemas de tramitación.

Ha indicado en el documento Bravo que Andalucía, en conjunto a otras comunidades a las cuales no ha citado, se dirigió al Gobierno para que se trasladen “las graves deficiencias” que han hallado en esta nueva norma, sin que se obtenga alguna respuesta. Los requisitos que se han fijado han sido una de las grandes preocupaciones para que empresas y autónomos han podido acceder a las ayudas directas, muy restrictivos. Solamente van a lograr recibir subvenciones 95 de las 538 ramas de actividad que se tienen clasificadas: una quinta parte. Y van a tener que conseguir un resultado positivo en el año 2019. Esto en consecuencia, solamente 1 de cada 12 empresas van a ser elegibles para los 7.000 millones en las ayudas directas.

El consejero tiene la creencia que esto va a poder ubicar a los empresarios “ante situaciones límite”, y va a colocar a las comunidades frente a decisiones incómodas, como que se tenga que exigir la devolución del importe de la ayuda a empresas y autónomos en problemas en tanto sea comprobado que hayan incumplido los requisitos. “Los criterios de elegibilidad y justificación creemos que van a dificultar de forma extraordinaria la gestión de estas ayudas, por lo que pedimos encarecidamente que se revisen o, al menos, contemos con el criterio de la Intervención General de la Administración del Estado”, han pedido.

La Junta, gobernada por PP y Ciudadanos, denuncia que ahora mismo carecen de una panorámica de la situación de las empresas y autónomos de Andalucía debido a que el Gobierno no les ha facilitado los datos necesarios para saber la repercusión de las ayudas, esto es, cuántos beneficiarios habrá, lo que les permitiría estudiar si es necesario complementarlas con otros fondos de la comunidad para llegar allí donde la mano del Gobierno no llegue. El Ejecutivo regional apunta que, al no aportar esa información, el Ejecutivo está obstaculizando la labor de auxilio de las autonomías.

Andalucía acusa a Hacienda: Ha diseñado las ayudas “de espaldas a quienes tenemos la obligación de aplicarla, con graves riesgos para la absorción de esos fondos y gran inseguridad jurídica tanto para las comunidades autónomas como para los beneficiarios de las ayudas”. Y pide, para subsanarlo, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera o de la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación.

 

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