La Justicia mantiene la cita electoral en Cataluña para el próximo 14 de febrero

Este miércoles, ha sido decidido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), mantener en vigor el decreto de la Generalitat, con el que hacia la convocatoria a las elecciones autonómica para este próximo 14 de febrero y que el Govern ha dejado sin efecto, hace apenas una semana. Y el mediodía de este jueves, ha adelantado La Sección Quinta de lo contencioso-administrativo, el fallo sobre las medidas cautelares, que han sido pedidas por media docena de demandantes en contra del texto del Ejecutivo. Quedaba en suspenso la convocatoria del 14-F, por este decreto de la Generalitat, y estaba emplazando la celebración de las elecciones para el 30 de mayo por la crisis sanitaria actual, que ha sido derivada por el coronavirus. El Gobierno catalán tiene la creencia, de que la decisión genera mayor incerteza y está obligando a los catalanes, a que escojan entre el derecho a la salud y el derecho al voto.

Esta puesta en vigor la convocatoria que se hizo en un inicio y los preparativos para los comicios, tendrán que continuar su marcha y recuperar los días que se han perdido esta semana. Las han sido decisiones cautelares, es decir provisionales, hasta que sea resuelto el fondo de este asunto por el tribunal.

Por ahora, no han sido atendidos los magistrados, las razones del Govern, las cuales defienden aplazar estos comicios, por los motivos de salud pública. Los informes sanitarios que el Ejecutivo del president en funciones, Pere Aragonès, que habían adjuntado en las alegaciones, que de igual forma se añaden al preámbulo del decreto recurrido, han pronosticado que el pico de ocupación de las UCI, va a llegar tres días previos a la votación. También es calculado que unos 200.000 catalanes van a estar en cuarentena  o van a ser positivos por covid-19 y las probabilidades de que voten están en entredicho.

La Generalitat, ha cargado en contra de los jueces en los tribunales, después de su derrota (que es provisional). Y Pere Aragonés, ha asegurado que nos encontramos ante una irresponsabilidad, la cual hace que muchos de los ciudadanos se vean obligados a tener que escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud; esto ha sido en una comparecencia sin preguntas, después de que se conociera la decisión de los magistrados. Y Meritxell Budó, portavoz del Ejecutivo, ha dicho que los magistrados, son quienes condicionan la política catalana.

Dio inicio este proceso judicial, en el momento en que dos particulares y cuatro partidos extraparlamentarios (tales como la Lliga Democràtica o Izquierda en Positivo) interpusieron demandas ante el tribunal superior, en las que solicitaban que fuese suspendido el decreto que aplazó las elecciones y denunciaban la vulneración de los derechos fundamentales, como lo es el derecho al voto.

Las medidas cautelarísimas, han sido atendidas este martes por la Sección Quinta (en las que no se consulta a la otra parte), y fue confirmado este jueves, después de estudiar las alegaciones, las medidas cautelares. Solo fue avanzado el sentido del fallo por el tribunal, sin embargo no su contenido íntegro de la resolución con los argumentos que han dado los magistrados. Dicho documento va a darse a conocer este viernes.

Las medidas cautelares pueden recurrirse, pero el recurso no suspende su validez, al ser terminada su fase y desde este momento, inicia la tramitación de  la demanda y la resolución del fondo de este asunto, al respecto del decreto de suspensión del 14 de febrero y de la convocatoria del 30 de mayo, el análisis previo de las circunstancias epidemiológicas, vulnera derechos fundamentales.

El tribunal acortó los plazos para que esta sentencia llegue, con total seguridad, antes del 14 de febrero, ya que está consciente de lo apremiante del calendario electoral. En lugar de los ocho días que son comúnmente, de cuatro días van a poder disponer los demandantes y demandados, para la elaboración de sus escrito. Tratándose de días sucesivos, de forma que hasta que no sean revisadas todas las demandas, no se va a dar el traslado a la otra parte. Si se toma este viernes como punto de partida y se considera que los fines de semana no cuentan, el tribunal va a tener todos los escritos a su disposición el 3 de febrero. Lo que va a ser seis días después, de que se dé inicio a la campaña electoral, con la pegada de carteles en la medianoche del 29 de enero. El tribunal va a disponer entonces de tres días hábiles, para el cumplimiento de su compromiso de tener lista la sentencia como máximo el día 8, todo esto, si son consumidos los plazos de cuatro días.  Pero podrían no ser consumidos, si el tribunal dispone de todos los escritos la semana que viene, puede ponerse a trabajar de inmediato. En ese caso, su margen para la redacción de la sentencia sería de apenas dos días, hasta el 29.

Las fuentes consultadas, han coincidido en que el escenario más probable, ha sido que la decisión final puede llegar en plena campaña electoral. A pesar de lo que ha sido sostenido en las medidas cautelares, hay la posibilidad de que los magistrados terminen dando la razón a la Generalitat y validen el decreto que aplaza los comicios. De esta forma, se habrán gastado entonces recursos públicos y consumido días de campaña sin que haya votación.

El encargado de procesos electorales del Govern, Ismael Peña-López, ha asegurado que existen gastos por 25 millones de euros en riesgo, ya que estas elecciones son más caras, pues de entrada se han destinado ocho millones de euros extra, para las medias de protección ante el virus. Y las fuente judiciales, señalaron que puede ser surrealista, sí, pero es su obligación proteger derechos.

En el Govern, existe la preocupación enorme por la contradicción de tener que invitar a la participación en los comicios y, al mismo tiempo, tener que pedirles a los ciudadanos, ahora mismo confinados perimetralmente en sus municipios, que eviten tener la interacción social.

El Govern, sin un plan b

Este jueves, Capella (ERC), ha evitado dar pistas al respecto de si el Ejecutivo catalán, tiene un plan b. Capella insistió en que se trabaja para poder votar con seguridad. Y ha aclarado que el Govern no se está planteando un nuevo decreto, ni una fecha que no sea la del 30 de mayo, pero después de eso añadió que las decisiones han de tomarse en base a argumentaciones jurídicas. Y en estos momentos, no tienen sobre la mesa ninguna resolución. Las explicaciones que sean ofrecidas este viernes, por el tribunal superior, podrían abrir alguna grieta; por lo que otras voces del Govern, no están descartando que se evalúen nuevos escenarios.

Este jueves, ha sido sugerido por Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos, rehacer el decreto chapuza, con el fin de blindar una nueva fecha. El Govern va a llevar ante la mesa de los partidos, en la que se decidió el aplazamiento la decisión de la Justicia y cualquier nuevo paso va a tener que contar con su aval, según dicen fuentes del Ejecutivo. Izquierda en Positivo, una de las fuerzas a la que tuvo que recurrir el decreto, e invitó al Gobierno catalán a reunir a todas las partes que son recurrentes, para tomar la decisión entre todos de una nueva fecha, y propuso el día 28 de marzo.

Un decreto nuevo con cualquier fecha, podría alterarla vía judicial que se encuentra abierta ahora. Sin embargo, nada de esto hace pensar que no puedan llegar acciones legales de otra parte. Miquel Iceta, El líder del PSC, ha evitado referirse a esta posibilidad o a la propuesta de Izquierda en Positivo y se ha mostrado de forma respetuosa con el trabajo de los magistrados. Por su parte, los socialistas, han propuesto en su día votar a mediados de marzo, pero el resto de partidos rechazó esta posibilidad.

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