La ley de ‘riders’ obligará a las empresas a notificar a los sindicatos sobre los cálculos que afecten a las condiciones laborales

Trabajo acuerda con los agentes sociales la norma para evitar los falsos autónomos en las plataformas.

La ley de riders, se origina con acuerdo de los agentes sociales. Por último, CEOE ha señalado que sí en una reunión casi nocturna. UGT y CC OO, ya habían aprobado la última proposición del Ministerio de Trabajo.

El contenido del texto legal definitivo, consta de una sola  página, sin contar con la exposición de motivos, tiene un solo artículo. El primer apartado establece una obligación  a las compañías a dar notificación a los comités de empresa sobre los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que perjudiquen a las condiciones laborales; y el segundo presume que los repartidores de las plataformas son asalariados y no autónomos.

Según los analistas en materia laboral, el decreto pactado establece una novedad fundamental e inesperada al principio de la negociación la cual  incluye la obligación de que las empresas tengan que informar a los representantes de los trabajadores de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

La regulación de los algoritmos que emplean las plataformas digitales, es una reivindicación que está insertada en el último informe de la Organización Internacional del Trabajo. Las consecuencias sobre los trabajadores en el empleo de estas herramientas, es un tema que aumenta por las evaluaciones que realizan, la asignación de trabajo o las resoluciones sobre la contratación o no. También, este tema ha sido pacífico en la negociación. La patronal no quería insertarlo. Lo ha admitido al final y después de varias redacciones sobre este punto.

En consecuencia, el lapso de tiempo que duró la negociación para redactar definitivamente la respectiva Ley fue de casi cinco meses. Es decir, para pactar apenas un folio con un solo artículo y dos disposiciones adicionales. En este lapso de tiempo, el convenio se ha manoseado muchas veces, así como la ruptura. Así mismo, como ejemplo tenemos lo ocurrido hace semanas, después de la última reunión oficial para abordar el tema. CEOE aceptó trasladar al texto legal la sentencia del Supremo que en septiembre declaraba asalariados a los repartidores de Glovo y el pacto parecía de inmediato, cuestión de días. Pero ha demorado casi un mes más. Algunos negociadores que han estado en todas las conversaciones. Pero  de conformidad con diferentes tandas de ERTE, teletrabajo— aseguran que esta ha sido la ronda más difícil. En eso, igualmente ha tenido que ver las presiones internas en dos de los tres lados de la mesa, en el Gobierno, en un nuevo capítulo de la acostumbrada pelea entre Trabajo y Economía, y en CEOE, donde ni siquiera las propias plataformas de reparto que sostenía una postura única.

Ahora bien las fuentes de Trabajo señalan que la norma final será un real-decreto, que tendrá un lapso de tiempo transitorio de tres meses para aplicarse. Esto otorgara tiempo a las compañias afectadas por la presunción de laboralidad de los repartidores (Glovo, Deliveroo, Ubereats, Stuart, Amazon…) a ajustarse a la nueva situación. Sobre este punto, el texto final incluye un nuevo precepto adicional en el Estatuto de los Trabajadores que presume inserta en la esfera de esta ley la actividad de las personas que realicen servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital. Por lo tanto los repartidores serán, en principio, asalariados.

En conclusión nuestra fuente de información nos señala que este texto de Ley, robustece la interpretación que la Inspección de Trabajo, realiza de la situación de los riders desde hace más de tres años. Y para ello, toma como referente fundamental la sentencia del Supremo. De este lado, el convenio se queda corto para las reivindicaciones sindicales, que siempre han reclamado que la regulación no se quedará en las plataformas de reparto y llegara a otras, como las de cuidados. Igualmente, en algún instante Trabajo ha amenazado durante la negociación con extender la regulación más allá. Por último, CEOE exigió que la ley regulara solo el sector del reparto.

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