Sánchez ha defendido los indultos a los líderes del procés «para dejar atrás el desgarro de 2017 y vivir en paz»

26-05-2021 El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en la presentación del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, en la sede del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), a 26 de mayo de 2021, en Madrid (España). El plan está dotado con más de 4.500 millones de euros y sitúa a América Latina, y en particular a Argentina, como región prioritaria para el destino de los proyectos y las inversiones. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

Ha sido asegurado por el presidente Sánchez en este lunes que va a decidir al respecto de los indultos a los condenados por el procés pensando en los «millones de ciudadanos que quieren vivir en paz». Con dicho argumento, el líder del Ejecutivo ha ahondado en la línea en la cual el Gobierno vendrá trabajando en los recientes diez días, en tanto ha dado apertura a la puerta con claridad a otorgar la medida de gracia a los líderes independentistas de quienes pesan penas de hasta 13 años de cárcel.

En una comparecencia frente a los medios en el marco de la XIII cumbre hispano-polaca, que se ha celebrado este lunes en Alcalá de Henares (Madrid), Sánchez ha insistido en que su hoja de ruta consiste en «retomar la vía política» tiempo más tarde de «años de judicialización», por lo cual se necesitará actuar con «paciencia, empatía, generosidad y capacidad de negociación». Por esto, ha insistido, que se va a decidir al respecto del indulto para «transitar de un mal pasado hacia un futuro mejor» y «pensando no tanto en los afectados, sino en los millones de catalanes y en el conjunto del país, que queremos vivir en convivencia y concordia».

 

En dicho sentido, y cuestionando por el probable coste político de dicha decisión, Sánchez ha replicado que «ayudar a resolver problemas no representa un coste», y que «el coste para el país será dejar las cosas como están, enquistadas». Conforme a los sondeos , dos tercios de los españoles han rechazado indultar a los penados por el procés, y la gran parte de votantes socialistas de igual forma se encuentran en contra. En Cataluña, en cambio, las tornas se van a invertir y existen dos tercios de la población que están a favor de ese probable perdón.

 

La semana que pasó, el Supremo se ha unido a la Fiscalía y ha expresado su rechazo para que se conceda la medida de gracia, sin embargo, esto no ha frenado al Gobierno: como Sánchez, la vicepresidenta Calviño ha dicho este lunes que el Ejecutivo va a hacer «lo mejor para la sociedad española» con la finalidad de «bajar el tono y recuperar la concordia». Esta determinación, a favor del indulto fue aplaudida por su socio de Gobierno, UP –«seguimos pensando lo mismo, es la posición de mi grupo, pero no siempre ha sido la del Gobierno», ha indicado este lunes el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique–, sin embargo le ha valido duras críticas de la oposición.

 

El líder del PP, Pablo Casado, por ejemplo, se va a sumar a la manifestación en contra de los indultos del próximo 13 de junio, y su número dos, Teodoro García Egea, ha vaticinado en este lunes que los indultos van a poder terminar «llevándose por delante» al PSOE. Inés Arrimadas (Ciudadanos), por su lado, ha acusado al presidente de «legitimar al separatismo para mantenerse en el poder». «Es intolerable», ha añadido.

Indultos, bilateral y mesa de negociación: los tiempos, en el aire

A preguntas de los periodistas, Sánchez ha evitado pronunciarse al respecto de la fecha en la cual puede acordarse el indulto en el Consejo de Ministros. En tanto, ha tenido en su mano todos los informes que son preceptivos, el siguiente paso ha sido el que Ministerio de Justicia, complete el expediente de cada uno de los condenados y que ha elevado una propuesta al consejo de Ministros. «Lo importante ahora es dejar trabajar a los técnicos del Ministerio de Justicia, no puedo dar ninguna fecha», ha comentado Sánchez, quien de igual forma ha recalcado que se trata de «once expedientes» distintas, lo cual va abrir la puerta a que no todos vayan a ser resueltos de la misma manera.

«No es un expediente, son once y tienen que armarse bien», ha insistido el presidente, quien ha llamado a «superar el desgarro que supuso 2017», en tanto se ha producido la votación ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, para «abrir un futuro de convivencia». Sánchez, también, ha tenido previsto que se reciba al recién investido president, Pere Aragonés, en la Moncloa, como ha ocurrido siempre que un nuevo mandatario se vaya a poner al frente de un Gobierno autonómico, de forma que Sánchez de igual forma va a recibir en fechas siguientes a la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Tiempo más tarde, en una fecha por concretar, Moncloa ha previsto la reanudación de las citas de la mesa de negociación bilateral entre Estado y Generalitat, que se ha pactado en el acuerdo de investidura con ERC y solamente se ha reunido una vez, en febrero de 2020. «El Gobierno siempre ha estado abierto a reunirse con el Govern», ha comentado Sánchez, quien ha rememorado que la pandemia y la inestabilidad política en Cataluña se han ido retrasando esas citas. «Habrá tiempo para retomar ese diálogo, pero vamos a ir paso a paso», ha incidido.

 

En esta mesa, la portavoz de ERC, Marta Villalta, ha pedido este lunes que se vaya a retomar «lo más pronto posible» y ha recalcado que le «gustaría muchísimo» que «pudiese estar Oriol Junqueras», en la actualidad en prisión y que es uno de los probables beneficiados por los indultos.

 

La reforma del delito de sedición continúa adelante

Finalmente, Sánchez se ha pronunciado sobre la futura reforma del delito de sedición para que se asegure que en 2017 se ha comprobado «cuan desacoplado estaba nuestro Código Penal en relación a esos delitos», ya que el Gobierno lo va a reformar para «homologarlos a países más avanzados». «Me han escuchado hablar de esta cuestión bastantes veces», ha comentado el presidente. Una reforma de ese tipo, que ha servido como base para la condena a los líderes del procés, de igual forma puede traducirse en la excarcelación de los condenados, debido a que se les aplicaría la forma retroactiva la rebaja de penas.

 

Horas previas, del portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, fue asegurado que ha sido una reforma que «avanza positivamente» y que se encuentra a la espera de que «pronto» se tengan noticias al respecto. En cambio el PP, ha afirmado que esta reforma va a ser un «traje a medida» tanto para los condenados como para los «huídos», respecto a Carles Puigdemont, conforme ha expresado la portavoz parlamentario popular, Cuca Gamarra, en una entrevista para Antena 3.

 

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